La situación llevó a un oficio enviado por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien aseguró que "el Estado funciona con reglas".
Tras pedir informes a diversas entidades, el ente fiscalizador determinó que "no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas".
Contraloría desestimó la existencia de irregularidades luego que la primera dama, Pía Adriasola, sirviera el almuerzo en el caso de La Moneda sin medidas sanitarias, tras la presentación de un oficio por parte del diputado Daniel Manouchehri.
Este hecho ocurrió a fines de marzo, oportunidad en que el parlamentario planteó que "oficiaremos a Contraloría y al seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo".
Según informó Emol, para tomar una decisión sobre esta materia, Contraloría requirió informes de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Salud Pública, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana y el Instituto de Salud Pública.
Desde Presidencia detallaron que la acción se dio de forma espontánea, "en el marco de un recorrido por las dependencias del Palacio de La Moneda, oportunidad que coincidió con el bloque de almuerzo, momento acotado en el que colaboró en la distribución de alimentos a algunos funcionarios presentes en el lugar".
"Tal circunstancia no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos, sino que correspondió únicamente a una colaboración puntual en la etapa final del servicio, sin contacto con las fases críticas del proceso productivo ni con labores de manipulación que pudieran afectar condiciones higiénicas o sanitarias", plantearon.
Ante esta situación, Contraloría replicó que "la autoridad sanitaria, luego de las diligencias realizadas -que incluyó una visita inspectiva al recinto a que se refiere la denuncia-, no constató una vulneración concreta a la normativa sanitaria, ni un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control y tampoco una afectación a las condiciones sanitarias del servicio".
"En el contexto previamente descrito, y sin perjuicio de lo ya señalado por la autoridad competente en materia sanitaria, esta Contraloría General cumple con informar que, del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas", concluyeron.
