"Nosotros presentamos una reforma, que puede ser modificada, sí; puede ser mejorada, sí, pero necesitamos que nuestra Constitución hable de seguridad pública", aseguró este viernes el Presidente José Antonio Kast al defender la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad y orden público.
Durante su intervención en la conmemoración del Día del Camionero en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso, la máxima autoridad enfatizó la urgencia de dotar al Estado de herramientas efectivas para enfrentar la delincuencia organizada y evitar trabas procedimentales en la custodia de reclusos de alto perfil.
El jefe de Estado apuntó a las resoluciones judiciales que han revertido determinaciones operativas de Gendarmería de Chile, refiriéndose de forma implícita al caso de cuatro miembros del denominado "Clan Chen", cuyo traslado desde Alto Hospicio al penal de máxima seguridad La Laguna en Talca fue dejado sin efecto por los tribunales.
"Nosotros presentamos una reforma, que puede ser modificada, sí; puede ser mejorada, sí, pero necesitamos que nuestra Constitución hable de seguridad pública. Porque si no, (por ejemplo) esa ley Juan Barrios es muy difícil llevarla a la práctica", advirtió Kast.
En esta línea, afirmó que "cuando un delincuente tiene el derecho de apelar cuando es trasladado por instrucción de Gendarmería a una cárcel de máxima seguridad o de más seguridad donde estaba, y un abogado usando una norma legal que está, dice que él tiene que volver para estar en su 'ambiente, ¿él resguardó el ambiente de las personas las cuales eventualmente -no estoy diciendo ese caso puntual- asesinó, torturó, violó? No corresponde".
En este encuentro, Kast también expresó sus condolencias a Carabineros de Chile tras el asesinato de un funcionario de franco en la comuna de Renca.
El debate por el régimen carcelario y la reforma constitucional
El pronunciamiento presidencial vuelve a situar en el debate público las atribuciones penitenciarias del Estado frente a bandas criminales y la necesidad de adecuar el marco normativo constitucional para respaldar las medidas de control intrapenitenciario.
Desde el Gobierno insistieron en que la discusión legislativa debe priorizar la seguridad ciudadana y la operatividad de las instituciones carcelarias, remarcando que los beneficios procesales no deben obstaculizar la reubicación de internos que requieran regímenes de máxima seguridad.
