El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que sería "antidemocrático" impulsar una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera, luego de la investigación internacional que reveló su rol en la venta de la minera Dominga, realizada en Islas Vírgenes Británicas por sus hijos, utilizando un paraíso fiscal.
Desde La Moneda, el ministro reiteró que el Mandatario no tiene "absolutamente nada que ver, de hecho cuando se hace esta última cláusula, la tercera, la empresa misma no había solicitado nada al Estado, por tanto difícilmente puede haber un conflicto cuando la empresa no ha solicitado nada y el Estado no ha hecho nada tampoco al respecto".
"Los otros aspectos, el de Barrancones que fue ampliamente conocido, también fue parte de esa investigación, porque fue el mismo querellante y también quedó absolutamente sobreseído. Entonces, no volvamos de nuevo a una materia que tenga que ver con el año 2010, 2011, que después el 2017 queda completamente claro que obviamente esto tiene una motivación política, hay algunos que están desesperados por aparecer más en las encuestas", recalcó.
Bellolio dijo que "hoy día hay parlamentarios que quizás están desesperados por sacar un poco más de notoriedad y proponen una regla antidemocrática, que es que un Presidente no termine su periodo, o sea, de que estamos hablando, en algo que ya fue sobreseído por la justicia, cómo podría existir un conflicto de interés 10 años después, cuando no existe ninguna relación al respecto".
"No desinformemos, volvamos a la información original, que fue ampliamente conocida, ya está presente", insistió.
OPOSICIÓN SE COORDINA Y PIDE ACUSACIÓN
Mientras tanto, las bancadas de oposición se reunirán en la tarde de este lunes, con el fin de analizar los pasos a seguir en esta materia.
En el Partido Comunista y el Frente Amplio aseguran que están las condiciones para avanzar en la acusación, postura que es compartida por el diputado DC Gabriel Silber.
Claudia Mix, jefa de la bancada frenteamplista, confirmó que "estamos evaluando seriamente una acusación constitucional", ya que "los nuevos antecedentes conocidos respecto a la compraventa de Minera Dominga son gravísimos, por lo que se hace urgente tomar todas las acciones legales y de fiscalización que correspondan".
En esa línea, el diputado comunista Daniel Núñez apuntó que "uno espera que las acusaciones constitucionales no sean testimoniales, que haya un apoyo sólido en la oposición para que avance y ojalá se apruebe en el Senado", por lo que llamó a que "el mundo de la Concertación esté a la altura".
Observó además que "si el área costera Marina Protegida se hubiese decretado, se hubiese puesto un obstáculo muy relevante al proyecto minero Dominga, pero no se ha hecho y no se ha movido ni un papel; Sebastián Piñera está favoreciendo el negocio de su amigo Délano".
En la DC, Silber apoya la idea porque lo revelado en los "Pandora Papers" compromete "gravemente la investidura presidencial".
"Una cosa es una investigación penal, donde se puede esgrimir el hecho de la prescripción, y otra cosa es la responsabilidad política, y nosotros como Congreso y oposición tenemos que reaccionar en esta línea", remarcó.
Para el subjefe de bancada de la falange, "si hoy día no se anuncia derechamente la presentación de la acusación, es por un tema técnico y procesal, no obstante aquello, hay antecedentes de esta administración que son un patrón de conducta".
Por su parte, su correligionario Matías Walker opinó que "tiene que haber un escalonamiento en los medios de fiscalización: primero, ver qué es lo que determina el desarrollo de la comisión especial investigadora antes de evaluar otros medios de fiscalización".
Mientras que la diputada comunista Karol Cariola afirmó que "Sebastián Piñera es hoy uno de los presidentes que aparece en una portada internacional como uno de los principales líderes de la corrupción".
"Ojalá fuera una acción unitaria, pero al menos lo que estamos viendo es conversar con todas las bancadas de oposición. A veces hay acciones que hay que llevar adelante sin mediar necesariamente el resultado", puntualizó sobre posibles medidas contra el Mandatario.
Sin embargo, desde los otros partidos de oposición dicen que faltan condiciones y que es momento de iniciar una posible comisión investigadora para aclarar estos hechos.
CHILE TRANSPARENTE URGE LEGISLAR CON ARGUMENTOS TÉCNICOS
En conversación con El Diario de Cooperativa, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, sostuvo que "el paraíso fiscal no es necesariamente algo ilegal, pero es un lugar donde ocurren muchas ilegalidades (...) han servido para lavar miles de millones de dólares, sobre todo de los países más pobres".
Por ello, "los paraísos fiscales son impresentables, el mismo Presidente lo dijo, y por eso llama aún más la atención que no se tenga una reacción más definida contra los paraísos fiscales".
"Hemos estado planteando desde cuatro años es que en Chile exista lo mismo que en el Reino Unido, que podamos conocer quiénes son los dueños reales de las empresas", subrayó, criticando que hubo "mucha oposición de sectores empresariales y del Gobierno en su momento, porque cuando hay más transparencia va a haber que dar muchas explicaciones".
Fustigó en ese marco que "no es posible que un proyecto de esta envergadura demore tantos años en tener una certeza si se va a realizar o no, y tampoco es dable que sea la autoridad política la que tenga que definir si un proyecto, que debiese tener una evaluación técnica predominante sobre lo político, se decide o no".
"Lamentablemente hoy los grandes proyectos en Chile siguen teniendo mucho que ver más con la voluntad política que con los beneficios técnicos o no técnicos de un proyecto (...) la institucionalidad en algunas áreas todavía está hecha en borrador", reprochó.
En atención al caso mismo, Precht indicó que "la tercera cláusula de este negocio -que no es del Presidente y en eso hay que ser claro, sino de sus hijos- sí tiene que ver con el padre, con una decisión que es política".
