El candidato presidencial de la derecha oficialista remarcó que el caso Dominga "es grave" y, por lo mismo, espera que la indagatoria "se haga con la máxima transparencia y celeridad".
"Si es necesario, apoyaré decididamente la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso", aseveró el ex ministro.
El candidato presidencial de la derecha oficialista, Sebastián Sichel, valoró este viernes la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación de oficio en contra del Presidente Sebastián Piñera por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en la venta del megaproyecto minero-portuario Dominga, cinco días después de las revelaciones periodísticas de los "Papeles de Pandora" ("Pandora Papers").
"Valoro el inicio de esta investigación por parte del Ministerio Público, porque permitirá aclarar los hechos denunciados, garantizar la credibilidad de nuestras instituciones", escribió el abanderado de la coalición Vamos por Chile, ex ministro de Desarrollo Social de Piñera, en un hilo de Twitter.
Sichel sostuvo que "esta investigación es grave porque afecta nuevamente la confianza pública y, por lo mismo, esperamos que se haga con la máxima transparencia y celeridad".
En esa línea, tuiteó que "si es necesario, apoyaré decididamente la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso".
Respecto al futuro de la minera Dominga, Sichel remató que "sus dueños deben dejar de lado el proyecto. Se necesitan proyectos sostenibles y que generen confianza en la ciudadanía".
1/4 Valoro el inicio de esta investigación por parte del Ministerio Público, porque permitirá aclarar los hechos denunciados, garantizar la credibilidad de nuestras instituciones.
— SichelPresidente (@sebastiansichel) October 9, 2021
La apertura de la causa penal contra el Presidente Piñera, que ha dado la vuelta al mundo, tiene lugar a menos de cinco semanas de las elecciones generales del próximo 21 de noviembre.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, reveló el domingo que el proyecto Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto "Choclo" Délano en una operación realizada en parte en Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más importantes del planeta.
Según el ICIJ, el pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona donde pretende emplazarse el proyecto -en la costera comuna de La Higuera, 70 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo- no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos de Humboldt; una decisión que dependía del Mandatario, quien había asumido el poder para su primer Gobierno apenas unos meses antes.
El eje de la defensa de Piñera ha pilotado en torno al sobreseimiento que decretó la Justicia en 2017 y al hecho de que Piñera se desvinculó de sus empresas "hace más de 12 años".
No obstante, el Ministerio Público confirmó este viernes que "el contrato en inglés" de la venta de Dominga no formó parte de la causa de 2017. Como consecuencia, "los hechos no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento (al Jefe de Estado) ni amparados en la 'cosa juzgada'" que alegan el Gobierno y su abogado, se explicó.
Sin contestar preguntas, Piñera, que dejará el poder en marzo de 2022, indicó en una comparecencia ante la prensa en La Moneda que "no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación por una causa que ya fue conocida y juzgada".
"Tengo plena confianza de que la Justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y mi total inocencia", sostuvo el Gobernante.
Debido a la "complejidad y gravedad de los hechos investigados" -señaló el Ministerio Público-, estará a cargo la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien el 21 de junio interrogó al Mandatario en el marco de las causas por violaciones a derechos humanos en medio del estallido social.
