Además el Mandatario anunció un instructivo para establecer un delegado en ciberseguridad en cada organismo del Estado.
El Mandatario firmó este jueves el proyecto.
El Presidente Sebastián Piñera, en compañía del ministro del Interior, Andrés Chadwick, firmó la mañana de hoy jueves el proyecto para mejorar la ciberseguridad y actualizar con nuevos delitos informáticos una normativa que data desde 1993.
La iniciativa busca establecer un marco regulatorio ante algunos de los hechos que han afectado en el último tiempo a diversas instituciones financieras, como las masivas filtraciones de datos personales de sus clientes, ya que según la Policía de Investigaciones, los delitos informáticos en Chile han aumentado un 74 por ciento.
Además, el Mandatario anunció un instructivo presidencial que establece, entre otras cosas, la designación de un encargado en materia de ciberseguridad en cada servicio del Estado y además la aplicación y actualización de la normativa técnica que existe.
"Hoy vamos a dar un gran paso adelante", comentó Piñera al presentar el proyecto, recalcando que con la revolución tecnológica "tenemos dos opciones: o nos preparamos para subirnos a ella (...) o le damos la espalda con todo lo que eso significa".
Iniciativa no toca al sector privado
La iniciativa no toca, por ahora, al sector privado, por lo que el Ministerio de Hacienda se encuentra trabajando en materia de resguardo de los datos de operaciones bancarias.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que ese trabajo se realiza "a fin de mejorar los estándares de seguridad, las vulnerabilidades que dan oportunidad al cibercrimen se producen, entre otras cosas, porque las instituciones no están preparadas para abordar estos desafíos".
En tanto, el coordinador nacional de Ciberseguridad, Jorge Atton, expuso que "el proyecto de ley de delitos informáticos lo que hace es reconocer que existen los delitos informáticos y hay penas importantes en todo lo que tenga que ver con interceptación de comunicaciones electrónicas, con interferencias o vulnerabilidad de los sistemas informáticos que son importantes para los servicios públicos van a ser penados".
Desde el Gobierno informaron que este proyecto, al que pondrán urgencia en el Congreso, es la primera etapa de un proceso, ya que falta aún el trabajo del Ministerio de Hacienda en torno a la banca privada y la filtración de datos personales.
