José Aylwin, del Observatorio Ciudadano, acusó una "exclusión inadmisible" de los pueblos indígenas.
Afirmó que el futuro Gobierno de Michelle Bachelet debe establecer "formas reales de nuevo trato".
Aylwin rechazó la vinculación de los últimos hechos de violencia con el aniversario de la muerte de Matías Catrileo.
El codirector del Observatorio Ciudadano José Aylwin afirmó este viernes a Cooperativa que la negativa del Estado a abordar los "temas de fondo" respecto de la situación de los pueblos indígenas en Chile es lo que está detrás del denominado "conflicto mapuche".
El abogado especialista en derechos humanos rechazó vincular los últimos hechos de violencia registrados en la Región de La Araucanía con los mapuche con la conmemoración de los seis años del asesinato de Matías Catrileo a manos de Carabineros.
"Son hechos absolutamente condenables, no conducentes, que deben ser investigados y sancionados, pero no necesariamente están relacionados con esta fecha (...) Yo no establecería la relación entre esos hechos y el aniversario de la muerte de Matías Catrileo", dijo Aylwin, quien invitó a mirar el asunto indígena con mayor amplitud.
"Los temas de fondo no han sido abordados. Chile sigue sin tener un reconocimiento constitucional no sólo de los pueblos indígenas, sino que, por ejemplo, sus derechos de participación política: no hay ningún indígena que sea un representante en el Congreso Nacional. Esa exclusión es inadmisible", dijo Aylwin.
El experto consideró que "por cierto" deben considerarse "los problemas de tierras", pero criticó la perspectiva desde la que éstos son enfrentados: "La administración actual (el Gobierno de Sebastián Piñera) se ha mantenido con compras de tierra a precios de mercado, no ha utilizado la expropiación por causa de utilidad pública", ejemplificó.
Respecto del futuro, "uno esperaría la generación de un gran diálogo de la nueva administración de Bachelet con los pueblos indígenas, tendiente a establecer formas reales de nuevo trato: reconocimiento jurídico, políticas públicas, de participación, representación especial en el Congreso, en gobiernos regionales y comunales, formas de inclusión que no han estado presentes en las políticas públicas hasta ahora", resaltó el jurista.
Contra la Ley Antiterrorista
José Aylwin rechazó el enfoque policial que se ha dado al conflicto durante los últimos años y recordó que tras su reciente visita a Chile el propio relator especial de Derechos Humanos de la ONU, Ben Emmerson, "señaló expresamente" que la aplicación de la Ley Antiterrorista "es contraproducente y, lejos de dar una solución a los problemas que existen, genera violencia y debe evitarse".
"La aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile data de 2000-2001, se inició bajo la administración del Presidente Lagos, se mantuvo durante la administración Bachelet" y desde el año 2009 hasta la fecha ha habido 58 procesos, "muchos de los cuales han terminado con absolución", mientras otros casos han sido sancionados "por delitos ordinarios".
"Ha habido también procesamiento de menores", recordó el experto, quien apuntó a que esta norma permite que "muchos delitos diferentes puedan ser considerados terroristas".
Por eso cuando hay hechos como los de los últimos días en La Araucanía "inmediatamente se imputan como delitos terroristas y se aplica una legislación antiterrorista, en circunstancias que son delitos que perfectamente pueden ser investigados por legislación ordinaria".
"Uno no puede atribuir responsabilidades específicas sin que estas investigaciones hayan sido hechas. Hemos estado acostumbrados en La Araucanía y las autoridades generalmente han atribuido responsabilidades antes de que desarrollen estas investigaciones, lo que a nuestro parecer constituye un prejuzgamiento de las responsabilidades, que generalmente se imputan al mundo mapuche", lamentó José Aylwin.
