Autoridades del pueblo mapuche presentaron este martes una petición formal de arbitraje con el Estado de Chile ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en la que solicitaron la representación del juez español Baltasar Garzón como árbitro internacional.
Los representantes mapuche, junto con la Misión Permanente Mapuche ante la ONU, la Comisión Mapuche de Derechos Humanos y la Comisión Kimche Defensores de Wallmapu (CKDDW), decidieron solicitar la mediación "ante la usurpación histórica" de territorios considerados ancestrales que "ha sido y sigue siendo contraria al derecho nacional e internacional, y que infringe los tratados vigentes suscritos por la corona española y posteriormente por el Estado de Chile", señalan en un comunicado los solicitantes de la mediación.
Según ellos, estas tierras han sido "indebidamente" entregadas a "empresas extractivistas que producen desertificación, sequías, incendios y contaminación", lo cual, dicen, "violenta los derechos de la naturaleza" y la dignidad de las personas, y genera una "progresiva y sistemática extinción de cultura".
Las organizaciones recuerdan que a la fecha de presentación de esta petición, en las regiones de la zona sur de Chile consideradas epicentro del conflicto "rige un estado de excepción constitucional que permite la militarización de nuestros territorios y la suspensión de la protección de varios de nuestros derechos humanos".
El Congreso ha prorrogado 19 veces esta medida excepcional, que ya rige desde mediados de marzo y que permite el despliegue militar en la zona, con vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños, para colaborar con Carabineros en el control del orden público.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales
