La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, llamó a los comuneros mapuche imputados en el "caso Iglesias" que decidieron retomar la huelga de hambre que protagonizaron por más de 100 días hasta el mes de octubre a deponer esta medida de presión.
A juicio de Benito y Pablo Trangol Galindo, el anuncio del Ejecutivo de bajar la querella por Ley Antiterrorista aún no se materializa, y desde La Moneda aseguran que no tienen nada que ver con la dilación del juicio, ya que esto se debe a solicitudes realizadas por la defensa de los comuneros.
"El Gobierno ha cumplido institucionalmente, de acuerdo a sus facultades, con todo aquello que ha comprometido en este caso. Nosotros lamentamos la medida de huelga de hambre", sostuvo la ministra.
"Creemos que es una medida tremendamente riesgosa, que pone muy en riesgo la vida de las personas. Hacemos un llamado a deponer este tipo de medidas", añadió la secretaria de Estado.
El Ejecutivo designó a abogados del Ministerio del Interior en la Región de La Araucanía para seguir el curso de este nuevo conflicto que se da en la antesala de la audiencia de preparación del juicio oral, que fue postergada para la próxima semana.
Intendenta preocupada por el estado de salud de manifestantes
En tanto, la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, reafirmó el mensaje del Gobierno respecto a que el Ejecutivo ya cumplió su parte del compromiso y reafirmó que la recalificación del delito terrorista no depende exclusivamente del Gobierno.
"Lo que hay que entender es que aquí hay poderes que son separados y que tienen por lo tanto responsabilidades y atribuciones distintas. El Ejecutivo lo que ha resuelto es hacer una presentación para que no invoquemos más la ley Antiterrorista y eso se hace una vez iniciado el juicio y no lo hemos podido hacer porque el juicio aún no parte", dijo la intendenta.
"El pronunciamiento de tribunales es una responsabilidad de otro poder del Estado sobre el que no tenemos ningún control", resaltó.
Además, Barrientos enfatizó la preocupación por el estado de salud de los manifestantes.
"Nos preocupa enormemente la condición de salud que ellos tienen, nos preocupan que no vayan a quedar también con alguna secuela a futuro, por eso se ha reactivado el dispositivo de salud", añadió la jefa regional.
El Gobierno cumplió su compromiso de decidir la recalificación de la acción penal que se está persiguiendo en este caso como delito terrorista, por lo menos de parte del Ejecutivo como querellante, no obstante, el Ministerio Público no ha hecho ninguna recalificación y sigue persiguiendo el caso como delito terrorista.
