Nancy Yáñez destacó en Cooperativa como "paso sustancial" la no aplicación de ley antiterrorista.
Afirmó que esta norma está cuestionada en todo el mundo por reprimir a grupos vulnerables.
Se debe reducir el poder de la autoridad para calificar delitos como terrorismo, dijo la abogada.
Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, afirmó en El Diario de Cooperativa que el Gobierno ha tenido un "paso sustancial" en temas de derechos humanos al anunciar que no invocará la ley antiterrorista en el conflicto mapuche.
La abogada destacó que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunciara que no se usaría esta norma para enfrentar los atentados incendiarios en La Araucanía y valoró "la actitud dialogante que ha tenido el intendente de la región de La Araucanía (Francisco Huenchumilla) a quien valoramos como pieza clave del entendimiento entre el Estado y el pueblo mapuche".
Yáñez planteo que en los organismos de derechos humanos "la expectativa es que la ley antiterrorista tenga los estándares que exige el derecho internacional respecto a este tipo de normativas: que se establezca de modo objetivo en qué circunstancias se entiende que hay una situación de terrorismo en un país a efectos de poder aplicar esta ley, que es una ley de excepción y que suprime derechos fundamentales".
"Es una ley que debe aplicarse solo en situaciones excepcionales y las leyes antiterroristas han sido cuestionadas en todo el mundo porque suelen ser el mecanismo por el cual se reprime a grupos vulnerables o se elimina enemigos políticos", agregó.
"Una reforma a la ley antiterrorista en Chile debería reducir el poder que tiene la autoridad para calificar como terrorismo hechos que en definitiva no constituyen terrorismo porque pueden ser perfectamente sancionados a la luz de la normativa penal que opera en un país", planteó la abogada.
Además pidió "que se eliminan de la categoría de terrorismo los delitos contra la propiedad, que se establezca claramente que estos (los actos terroristas) constituyen una situación de amedrentamiento generalizado en la población de modo de desestabilizar el sistema de gobierno".
Y finalmente expuso la necesidad de que "se establezcan modificaciones a los procedimientos de modo que las personas que se ven involucradas en un proceso de estas características tengan las garantías mínimas que permitan definir si son culpables o inocentes porque esa es la clave del Estado de Derecho".
