El hallazgo del cuerpo de la defensora ambiental Javiera Rojas, atada de manos y pies bajo fardos de ropa en una vivienda abandonada de Calama, generó el repudio de la sociedad civil y también de figuras políticas que han demandado investigar el estremecedor crimen, ocurrido después de que ella fuera objeto de amenazas, de acuerdo a sus cercanos.
La ex abanderada presidencial Yasna Provoste (DC) pidió indagar el caso "en profundidad y con prontitud", y Camila Vallejo (PC), vocera de la candidatura de Gabriel Boric, lamentó que "no puede ser que otra activista pierda la vida y quede en la impunidad".
El abogado ambientalista Álex Muñoz, uno de sus conocidos en el mundo del activismo, destacó en Una Nueva Mañana de Cooperativa que la mujer de 43 años es conocida por lograr evitar la construcción del embalse La Tranca: "Fue una activista muy aguerrida, muy valiente, y hoy recibimos esta lamentable información de su muerte en circunstancias muy brutales (...) fue evidentemente asesinada".
"Cada vez que hay un defensor ambiental (fallecido) tenemos que preguntarnos si es que estuvo involucrado algún tipo de empresa o interés que busca acallar la legítima protesta de las comunidades frente a proyectos contaminantes o que destruyen el medioambiente", opinó el jurista, y por tanto, llamó a "investigar hasta las últimas consecuencias la posible vinculación entre el activismo de Javiera Rojas, y las personas que se vieron afectadas por su protesta".
A su vez, y considerando que "Latinoamérica es la región del mundo que tiene más muertes de activistas ambientales", Muñoz pidió "fortalecer los mecanismos de todos los países para darles un entorno seguro a los activistas y defensores de derechos humanos en materia ambiental. Eso es justamente lo que hacía el Acuerdo de Escazú, que este Gobierno se negó a ratificar en el Congreso".
"No basta con tener normas comunes que condenen un asesinato: se requiere medidas adicionales para poder darles protección a aquellas personas que por su activismo ponen su integridad en riesgo", enfatizó.
OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Por otra parte, admitió que "no tengo conocimiento del detalle de las amenazas, pero sí sé que fue una activista muy destacada, que logró frenar una represa en el norte (...) y además, Javiera es mujer, y las mujeres son víctimas de femicidio a nivel doméstico, y por lo tanto, también se debe seguir esa línea de investigación y ver qué pudo pasar con ella".
En esa línea, Muñoz destacó el oficio de las diputadas RD Catalina Pérez y Marcela Sandoval al Instituto de Derechos Humanos y a la Fiscalía, con el fin de instruir a un persecutor particular para el caso: "Me parece muy bien que se dediquen recursos y profesionales especiales para seguir la investigación (...) porque estas personas desafían a grandes fortunas económicas que están en juego".
Las dos personas que viven en el inmueble donde se hallaron los restos fueron detenidas como sospechosas del crimen.
Uno de los detenidos habría tenido un vínculo amoroso con la víctima, por lo que, tras la investigación de la Bicrim, la fiscalía pretende que se le formalice por femicidio, mientras que la defensa niega dicha relación. Paralelamente se busca que al otro sujeto se le formalice por homicidio.
