Tras conocerse la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo en Países Bajos, la Fiscalía de Antofagasta confirmó que su homólogo de Rotterdam ordenó mantenerla privada de libertad por seis a ocho semanas.
Ese fue el plazo tentativo entregado por la institución neerlandesa para la citación de la primera audiencia relevante del proceso de extradición de la otrora jefa comunal, que huyó a ese país en marzo pasado, el mismo día en que la Corte Suprema ratificó su pena de cárcel efectiva por el delito de fraude al Fisco.
Una vez completada la eventual extradición, Rojo volvería a Chile para cumplir la condena de cinco años y un día de presidio. De momento, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, descartó que ésta arriesgue un aumento en la pena, a pesar de la fuga, que realizó en un momento cuando no pesaba ninguna medida cautelar en su contra.
"No se le agrava su situación, no se le aumenta la pena por el hecho que se haya fugado del país, puesto que el arrancarse no constituye en nuestro ordenamiento jurídico un delito por sí solo", adelantó el persecutor.
PERMITE ACABAR CON LA "SENSACIÓN DE IMPUNIDAD"
En conversación con Lo Que Queda del Día, el abogado Rolando Lorca, quien fue querellante en la causa, valoró que con la detención "se está terminando con la sensación de impunidad en la opinión pública, de que en Chile hay una justicia para ricos y una justicia para pobres".
También "la sensación que hay es de alivio, en el sentido de que el Estado de Chile hizo todo lo que había que hacer para corregir los errores en la tramitación", resaltó.
Aquello porque, entre los factores que permitieron la huida de Rojo, "el tema de fondo es que el sistema judicial chileno cometió un error, y está radicado en la incapacidad que tienen los tribunales de solicitar de oficio una medida cautelar como el arraigo nacional, y el error estuvo en el Ministerio Público, como órgano persecutor, y en el Consejo de Defensa del Estado, como querellante a la fecha, que no pidieron esa cautelar".
Apuntó en ese sentido que en el sistema chileno "los jueces aplican el derecho, pero quienes hacen el derecho son los legisladores que están en el Congreso".
Con esos "errores" fue que "ella ejerció el derecho que tenemos todos, de irnos del país cuando queramos y volver cuando queremos; ella se fue sin realizar ningún acto jurídico ilegal, podía irse porque no había ninguna medida cautelar que se lo impidiera", aclaró el jurista.
Consultado respecto al proceso de extradición, puntualizó que "es difícil señalar un plazo" para su eventual concrecía y que así Rojo esté de vuelta en Chile. "No hay un plazo definido", reiteró, anticipando también que la ex alcaldesa "puede oponerse al procedimiento haciendo cualquier tipo de alegación".
"El Ministerio Público, de alguna u otra forma, está remediando el error cometido que permitió la fuga al no existir medidas cautelares una vez se conoció la sentencia en su contra", coincidió el ex concejal y otrora querellante Eduardo Parraguez.
CONSEJO PARA LA TRANSPRENCIA PIDE MÁS FISCALIZACIÓN A MUNICIPIOS
A propósito de esta causa, Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, alertó de que, "en este momento, más de la mitad de las municipalidades de Chile tiene investigaciones penales abiertas por casos de corrupción".
"Desde hace muchísimo tiempo venimos diciendo que ahí, donde falta transparencia y hay dinero en abundancia, y donde es muy difícil llegar a fiscalizar cada uno de los contratos y gastos de cada una de las más de 350 municipalidades del país, va a haber situaciones de relajo, malas prácticas y casos de corrupción", advirtió.
Con todo, aseguró que "esta recién es la punta del iceberg, por eso hemos pedido más facultades para la Contraloría y el Consejo para la Transparencia".
"Que esto se haya hecho siempre así o que pase en todas partes no es un buen argumento, es algo que tenemos que terminar ya", emplazó.
