El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a un hombre identificado como Wilbert Pedro Muena Villarroel a siete años y 184 días de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menor de 14 años y mayor de 14 años de edad; y otros siete años y 184 días de presidio efectivo en calidad de autor del delito de violación.
Todos los delitos fueron cometidos entre los años 2014 y 2015 en contra de una niña, hija de su pareja de aquel entonces.
En un fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en enero de 2014, cuando la víctima tenía 13 años de edad y y aprovechando que estaba durmiendo, Muena comenzó a efectuarle tocaciones de índole sexual.
En abril ingresó nuevamente a la habitación de la niña, donde la violó. En mayo abusó sexualmente de ella en su dormitorio, situación que fue observada por un hermano de la afectada.
Según detalló el Poder Judicial en su sitio web, la conducta del agresor sexual se repitió en julio de 2014 en el baño de la vivienda y a fines de agosto del mismo año, en la cama de la niña; luego, también en febrero y septiembre de 2015.
Todos éstos fueron "delitos que perpetró Muena Villarroel siempre bajo amenazas e intimidación de dañar a la familia de la menor si ella contaba a alguien lo que pasaba", indicó el Poder Judicial.
PENAS ACCESORIAS
Además de los 15 años de presidio, el tribunal aplicó a Muena Villarroel las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
También le impuso las penas especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de las penas privativas de libertad.
Además, tendrá inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad; y prohibición expresa y absoluta de aproximarse a la víctima y de acercarse a su domicilio familiar, así como al establecimiento educacional en la que ésta curse sus estudios.
Finalmente, dispuso la toma de muestras biológicas al agresor sexual, para determinar su huella genética e incluirla en el Registro Nacional de ADN de Condenados.
