Arica: Juicio por presuntos abusos policiales contra comunicadoras iniciará el jueves

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Una excarabinera fue acusada de forzar a las dos profesionales a desnudarse, tras ser detenidas en el marco de sus labores durante el estallido social.

El Colegio de Periodistas cuestionó que el proceso se prolongara por casi tres años: "Las víctimas parecieran ser la última prioridad del Poder Judicial".

Arica: Juicio por presuntos abusos policiales contra comunicadoras iniciará el jueves
 Colegio de Periodistas de Chile

La exfuncionaria imputada arriesga una pena máxima de 10 años de cárcel si el tribunal califica el delito como tortura.

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Después de casi tres años, este jueves comenzará un juicio por abusos presuntamente cometidos contra dos comunicadoras sociales durante la primera semana del estallido social en Arica, proceso que inició con una querella por torturas presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Según la acusación, en el desarrollo de sus labores, las víctimas fueron detenidas de manera ilegal por cuatro carabineros -procedimiento el cual se aplicó un uso excesivo de la fuerza-, antes de que fueran forzadas a desnudarse por una expolicía en la Tercera Comisaría de la ciudad.

El presidente regional del Colegio de Periodistas, Angelo Auil, consideró "fundamental que exista justicia; no puede ser que a casi tres años de ocurridos los hechos todavía no haya una resolución definitiva por parte de los tribunales, especialmente considerando que, por otra parte, han personas que han estado hasta dos años en prisión preventiva por hechos ocurridos en el mismo periodo".

"Esto nos lleva a cuestionar con firmeza la forma en que se han estado llevando adelante los casos, donde las víctimas parecieran ser la última prioridad del Poder Judicial", remarcó el dirigente gremial, acotando que "esperamos que el resultado sirva como ejemplo para que nadie tenga que volver a pasar por esto nunca más".

La exfuncionaria arriesga una pena máxima de tres años de presidio menor en su grado medio por apremios ilegítimos, y de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo si el tribunal califica el delito como tortura.

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