Luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso presentado por Gendarmería, petición por parte de funcionarios para trasladar a 17 imputados pertenecientes al Tren del Agua hacia otros centros penitenciarios, las autoridades locales mostraron preocupación por el fallo.
El gobernador regional, Jorge Díaz, se refirió al fallo de la Corte y comentó que "cuando vemos la manera en cómo se va desarrollando los procesos judiciales, entendemos que lo que se requiere es una actualización normativa, porque desde luego los tribunales tramitan y fallan conforme a derecho, conforme a la ley".
"Ellos no crean normas para dictar sentencias. Ellos se basan en la normativa que hoy existe y que regula este tipo de actuaciones. Por lo tanto, el llamado importante es al Poder Legislativo para que tenga la posibilidad de actualizar la norma", zanjó.
Por su parte el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, cree que "la decisión de la Corte no fue una decisión antojadiza, sino más bien responde y evidencia cómo el Estado no actuó con la rapidez para poder enfrentar el crimen internacional, sobre todo en materia legislativa".
"Acá son los parlamentarios quienes tienen que actuar con rapidez para modificar las leyes que se adapten a lo que está ocurriendo hoy día en cuanto a crímenes y sobre todo, cárteles internacionales que están operando en nuestro territorio. Y por otro lado, también queda en evidencia la debilidad de nuestras cárceles, donde lamentablemente los delincuentes de este tipo llegan, caen presos y siguen delinquiendo desde dentro de la cárcel", agregó.
Dicha petición, que fue rechazada, nació porque desde Gendarmería aseguraron que no se cuenta con los recursos humanos y logísticos necesarios para el control adecuado de la población penal.
