El tribunal de alzada acogió la apelación formulada por la Fiscalía tras la maratónica jornada de formalizaciones del viernes.
Consideró que la libertad de estos sospechosos "constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
La Corte de Apelaciones de Arica ordenó este sábado la prisión preventiva contra tres imputados por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico, al pertenecer a Los Gallegos, brazo de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
El Juzgado de Garantía de la misma ciudad el viernes determinó no otorgar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía contra los tres ciudadanos venezolanos, dos mujeres y un hombre, imputados como "autores del delito consumado de asociación ilícita para el narcotráfico", de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial.
Además se les acusa de tráfico de drogas, tenencia de armas, secuestro y lavado de activos.
De esta forma, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la decisión tomada previamente por el juez de garantía, "al considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
Cabe destacar que de los 17 detenidos en el operativo realizado por el PDI en el Cerro Chuño ya hay 16 personas -de nacionalidad venezolana- que se mantienen privadas de libertad por 150 días mientras dure la investigación.
Respecto a la persona restante, el fiscal regional Mario Carrera explicó que se trata de una mujer chilena, que "quedó con medidas cautelares de menor intensidad".
AHORA:Tras analizar los argumentos expuestos por @Fiscalia_Arica, Corte de Apelaciones decretó la prisión preventiva de las 3 imputadas que ayer habían quedado sin medidas cautelares. De 17 detenidos, 16 permanecen privados de libertad en investigación vinculada a Tren de Aragua. pic.twitter.com/SUyMg12QgG
— Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) June 18, 2022
El gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, manifestó a Cooperativa que ante el "modus operandi muy distinto" de la banda, se necesita un "trabajo articulado" que puede permitir que el Gobierno regional disponga de "recursos para que se pueda combatir con más vehemencia a la delincuencia".
En lo que va del año, en la región se han registrado 22 homicidios y en varios de estos casos los cuerpos han presentado signos de tortura o han sido encontrados en el espacio público.
