El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, planteó la necesidad de que la legislación establezca condiciones distintas para la realización de juicios contra bandas de crimen organizado respecto a imputados comunes, a propósito del proceso contra Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte de Chile.
Para el lunes está agendado el inicio del juicio oral contra 38 acusados. Ad portas, esta semana la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo de las defensas y ordenó que 19 asistan en forma presencial.
"Lo que hace la Corte es ponderar distintos bienes jurídicos. Por un lado, están las necesidades de seguridad, y por el otro, las necesidades de los imputados y sus defensas. Y privilegió el derecho de presenciar el juicio oral", explicó Carrera en El Diario de Cooperativa. El persecutor, sin embargo, se mostró en desacuerdo, dados los riesgos de fuga, entre otros peligros, que han advertido Gendarmería y Carabineros que podrían ocurrir durante los traslados.
En ese marco, apuntó al Poder Legislativo, ya que "no deberíamos estar ad portas de este juicio discutiendo sobre la presencialidad".
"Deberíamos tener regulada ya una forma distinta en relación con los juicios a bandas de crimen organizado, no tiene que ser el mismo estándar respecto a un juicio normal y común. Urgen ciertas modificaciones", enfatizó.
El fiscal recordó que "muchos de ellos (de los 38 imputados) están repartidos en distintos penales del país, están en seis penales distintos: Puerto Montt, Biobío, Santiago, Rancagua, La Serena, y un grupo de 16 están en Arica".
VE "MUY DIFÍCIL" QUE JUICIO PUEDA PARTIR EL LUNES
En ese sentido, Carrera admitió que ve "muy difícil" que el juicio pueda comenzar el lunes.
Aquello porque, primero, "la decisión de la Corte no está todavía ejecutoriada; de hecho, tanto el Ministerio del Interior como Gendarmería y nosotros ya dedujimos el recurso de apelación en contra de la resolución sobre el amparo, por lo tanto, está pendiente la decisión de la Corte Suprema".
También debido a que "es complejo asegurar que vayan a estar los imputados respecto de los cuales se ordenó el traslado, porque hay algunos acusados que están a 3.000 kilómetros, con transportes que tiene que realizarse por tierra; desconozco si físicamente Gendarmería podrá llegar con los acusados o va a pedir algún tipo de prórroga, o derechamente esperar que resuelva la Suprema".
Y sin considerar que "el resto podría solicitar la misma suerte el lunes, podría aumentar el número de imputados que soliciten su presencialidad", apuntó.
En esta línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "hay solicitudes que se han presentado para modificar la ubicación del juicio, pero eso no recae en el Ejecutivo tomar esas decisiones, es propio del proceso penal definirlo. Lo que nos corresponde a nosotros es que donde quiera que se haga este proceso, se refuercen las medidas de seguridad".
"Hemos tenido contacto con el alcalde Arica y si es ahí o en otra parte, van a tomarse los resguardos por supuesto para proteger a todos los actores del proceso penal, a la población que está en el entorno, para que no existan esos impactos", complementó.
En total 38 miembros de "Los Gallegos" -cuatro chilenos y el resto extranjeros, mayoritariamente venezolanos- irán a juicio oral. La Fiscalía solicitó presidio perpetuo para 11 de ellos, además de otras penas que suman más de 200 años de presidio para los demás.
La acusación incluye 22 hechos delictivos, entre los que hay siete homicidios (seis calificados) registrados durante el 2022: en tres los criminales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
"Hemos invertido muchos recursos en esta investigación, que comenzó a principios del 2022, (inicialmente) con más de 60 imputados en prisión preventiva en distintas causas. Éste será solo el primer juicio, con 38 acusados, 37 de ellos en prisión preventiva", concluyó el fiscal ariqueño.
