El hecho fue denunciado en el marco de una campaña del Minvu que invita a acusar el hecho.
Los involucrados son personas que tienen el inmueble vacío o bien lo arriendan.
El beneficio tiene una restricción de hasta 15 años para arrendar o vender, dependiendo del tipo del subsidio.
La seremi de Vivienda y Urbanismo de Arica lanzó este jueves la campaña "Denuncia Arriendo Irregular", que tiene como objetivo identificar a quienes incumplen la norma que imposibilita arrendar inmuebles sociales.
En este marco, el organismo informó que 61 personas en Arica y Parinacota son actualmente investigadas por dicha falta, quienes arriesgan perder la casa que se les ha otorgado como parte de un beneficio social.
El seremi del Minvu Arica, Giancarlo Baltolú, indicó que a la fecha han realizado 770 fiscalizaciones a familias que han recibido este tipo de viviendas. En la zona, más de 6.000 de estos hogares mantienen restricción de arriendo.
"Esto es muy importante porque en la actualidad tenemos una demanda de 8.000 personas a nivel nacional que están esperando una solución habitacional. En ese sentido, lo justo es que aquellas personas que han recibido el beneficio lo utilicen, y en caso de que no, lo devuelvan", explicó la autoridad.
Lucran con beneficios sociales
En Arica, un total de 2.300 soluciones habitacionales son las que actualmente están en etapa de construcción, las que rondan las 1.300 UF. El Minvu tiene identificado ciertos sectores en los que los propietarios han recibido casas que no están ocupando, hechos que muchas veces son denunciados por los mismos vecinos.
La autoridad agregó que según estimaciones del servicio, las viviendas son arrendadas por montos que fluctúan entre los 230.000 y los 300.000 pesos, aprovechándose del sistema que sólo requiere de 10 UF (275.000 pesos) invertidas por los futuros dueños.
"Las personas que hoy tienen el beneficio social, tienen que vivir en el lugar que le hemos entregado. En ningún caso pueden lucrar con el beneficio que les estamos entregando", explicó Baltolú.
El Minvu realiza visitas sorpresas a los hogares para verificar que los dueños estén viviendo en ellos. Si a la tercera visita no se encuentra la beneficiario o a su grupo familiar, la situación es tomada por el área jurídica para iniciar el proceso de restitución del bien, lo que puede tomar entre seis a ocho meses.
