Una comunidad de aguas subterráneas solicitó la revisión, que les costará 25 millones de pesos.
"Nos parece insólito", reaccionaron.
La orden para fiscalizar a la junta de vigilancia del río Copiapó deberá ser cancelada por los propios denunciantes.
La Dirección General de Aguas (DGA) admitió una solicitud de fiscalización que presentó en abril la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada desembocadura (Casub). No obstante, el costo de este levantamiento fue traspasado a la comunidad, quienes deberán pagar una suma de 25 millones de pesos en un plazo de 30 días hábiles a contar de la notificación.
La petición señala supuestas faltas graves en la distribución del agua y apunta a la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Copiapó y sus afluentes (JVRC)
Jorge Godoy dirigente del colectivo de Defensa del Medioambiente de Atacama (Codemaa), rechazó la medida y dijo que "es bastante inverosímil lo que hace la DGA, porque traslada el costo de la fiscalización a la comunidad de aguas subterráneas para poder fiscalizar, siendo que su trabajo es hacerlo en las cuencas del país".
"Nos parece insólito que esté cobrando por un servicio que la ley los faculta y obliga a realizar", remarcó Godoy.
Traslados de ejercicios de derecho
Según el documento emitido por la DGA, la JVRC realizó una serie de traslados de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas sin la correspondiente autorización de la DGA.
Estos correponden a un convenio de cooperación entre la Casub y a la empresa Compañía Contractual Minera Candelaria, mediante el cual la empresa entregó en calidad de Comodato derechos de aprovechamiento de aguas superficiales bajo la jurisdicción de JVRC.
Según el Diario de Atacama, en sus descargos la JVRC indicó que "en la denuncia no se ha señalado ningún caso o ejemplo concreto ni se ha dicho cuáles son los regantes cuyo ejercicio de los derechos se ha trasladado".
