Una investigación por los delitos de negociación incompatible, prevaricación y estafa lleva adelante la Fiscalía de Atacama, para indagar si existieron presiones para aprobar un proyecto de continuidad de la empresa minera Atacama Kozan, iniciativa que ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental, cuando el ex intendente Francisco Sánchez, era el subgerente de la empresa.
Según una publicación del Diario de Atacama, lo que se intenta dilucidar es cómo un proyecto de gran envergadura se aprobó a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Tanto el municipio de Copiapó, como la Dirección General de Aguas (DGA) efectuaron observaciones al proyecto. Precisamente Rodrigo Sáez, director subrogante de la DGA señaló, antes de que asumiera el nuevo gobierno, la siguiente observación del proyecto: "genera efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos naturales renovables, en particular el agua. Por lo tanto, su vía de ingreso debe ser necesariamente un Estudio de Impacto Ambiental".
Sin embargo, una vez asumida la nueva administración y cuando el subgerente de Atacama Kozan, era nombrado nuevo intendente de Atacama, el funcionario fue desvinculado la DGA.
La situación que fue tratada el 2 de octubre del año pasado en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, donde la directora regional de la DGA Macarena Fernández, señaló que la solicitud de renuncia hecha a Sáez se realizó por órdenes del nivel central, lo que fue desmentido por el director nacional del organismo, Oscar Cristi, quien en la misma reunión enfatizó que la petición de renuncia a funcionarios (en general) fueron hechas por los directores regionales.
Rodrigo Sáez presentó un requerimiento en la Contraloría, organismo que determinó el reingreso del funcionario y el pago del sueldo los meses que estuvo fuera del servicio.
Municipalidad de Copiapó indica que debió pedirte un EIA
Desde el municipio indican al mismo medio que el proyecto debió ser aprobado por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), porque el tranque de relaves ubicado en la quebrada El Gato, se encuentra a 1.500 metros lineales de una población en el sector de Paipote.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente explican que fue la empresa la que ingresó el proyecto bajo la Declaración de Impacto Ambiental, hecho que no fue objetado por el Servicio de Evaluación Ambiental y “ahora será revisado por los tribunales”.
Otro antecedente que surge en este caso, fue la desvinculación del seremi de Medio Ambiente de Atacama Francisco Escobar, ocurrida días antes de la votación del Servicio de Evaluación Ambiental del proyecto. En la oportunidad se indicó que se le solicitó la renuncia por motivos políticos.
Cabe señalar que el proyecto aprobado, permite que la empresa pueda seguir operando hasta el año 2035 con una inversión de 15.764 millones de dólares.
Vinculación de senador Prohens
El ex intendente Francisco Sánchez, militante de RN, fue intendente de la Región de Atacama durante siete meses. Previamente, durante ocho años fue alto ejecutivo de la empresa minera Atacama Kozan.
Sánchez renunció a su cargo en el Gobierno regional y poco tiempo después se conoció una querella que interpuso la empresa en su contra por su rol mientras fue subgerente de la firma.
Según la querella, Sánchez junto al gerente de administración y finanzas Rodrigo Albornoz negociaban con empresas contratistas y proveedores.
En esa arista es que los antecedentes también salpican al senador por Atacama, Rafael Prohens (RN), miembro de la Comisión de Minería, quien según una publicación de T13 aparece entre la lista de proveedores que podría haber sido beneficiados por la inflación de los cobros.
