El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses, calificó como "injustamente desiguales y deficientes" las condiciones estructurales de los tres recintos penales de la Región de Atacama.
El persecutor realizó una evaluación respecto de las condiciones penitenciarias en pandemia durante el 2021 de las cárceles de Copiapó, Vallenar y Chañaral, que datan de mediados del siglo pasado, las cuales cuentan con un espacio físico "sumamente restringido".
"Las condiciones en que se cumple la prisión preventiva o la condena de las personas privadas de libertad resultan sustantivamente inferiores o de peor calidad -que los recintos de las regiones de Coquimbo y Antofagasta-. Esto las hace excesivamente gravosas para las personas que ingresan al sistema", explicó Meneses.
Subrayando que "las deficiencias estructurales de los recintos penitenciarios de Atacama, la sobrepoblación y la escasa capacitación de las personas privadas de libertad establece restringidas o muy limitadas posibilidades de reinserción a los internos e internas. Estas condiciones fuerzan a señalar que los recintos penitenciarios de Atacama, en términos concretos, administran un sistema que puede ser estimado como deficiente".
En detalle, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó se observa un alto porcentaje de sobrepoblación; en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral "se encuentra ubicado en un lugar que no satisface estándares mínimos de seguridad (...) al estar emplazado en una zona bajo la cota de inundación".
Ya en un aspecto positivo de la evaluación, en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Paipote se valoró las oportunidades de reinserción y, en general, el fiscal judicial reconoció a las autoridades de Gendarmería "la inexistencia durante todo este período pandémico de brotes de contagio inmanejables".
Finalmente, Meneses concluyó que "no se debe olvidar que la actividad desplegada por los organismos estatales" en materia judicial "debe presentar una mínima coherencia u homogeneidad entre sus etapas, reconociendo a toda persona sometida a la intervención del proceso condiciones humanas (...), sin embargo, las condiciones de la intervención estatal en el ámbito penal detectadas en el campo penitenciario durante el año 2021, permiten entender que el sistema privativo de libertad de Atacama presenta deficiencias que ponen en riesgo la legitimidad del sistema".
