Brunilda González dijo que la compañía San Esteban "es una empresa mentirosa".
Intendenta de Atacama dijo que la situación de mineros se contará como licencia médica.
La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, acusó que existieron "sobornos" y "tráfico de influencias" en la reapertura de la mina San José, donde ocurrió el accidente de 33 mineros que permanecen atrapados.
"Aquí ha habido soborno, aquí ha habido tráfico de influencia, una negligencia de parte del Estado y de los funcionarios públicos, por lo tanto la querella civil se presenta en las próximas tres semanas", indicó a El Diario de Cooperativa.
La autoridad enfatizó en que la compañía San Esteban "es una empresa mentirosa, que ha sido incapaz de enfrentar con la verdad a las familias y al país", puesto que sostuvieron que estaban en quiebra cuando la situación no era así.
Esto, porque según indicó González, el Primer Juzgado de Letras aceptó una medida precautoria manteniendo en resguardo "de hasta 900 millones de pesos aproximadamente", dinero que estaba retenido por parte de la Empresa Nacional de Minería y que iban a ser cancelados a la compañía en cuestión.
"Les vamos a investigar señores, hasta la última huella que hayan hecho en estos años", sentenció la jefa comunal.
Por su parte, la intendenta de Atacama, Ximena Matas, afirmó que las declaraciones de la alcaldesa "son declaraciones que en su momento se deben establecer a través de los tribunales de Justicia".
"Sin duda que se deben establecer todas las responsabilidades que existan, ya sean penales, civiles o administrativas", sostuvo, aseverando que "han habido una serie de situaciones poco transparentes".
Respecto al pago de sueldos por parte de la empresa a los 33 mineros atrapados sostuvo que la situación se entiende como "un accidente con ocasión del trabajo", por lo tanto es la Mutual de Seguridad la que ha determinado que los 33 trabajadores se encuentran con licencia médica a contar del día 5 de agosto.
