Los cargos son por sobre extracción de mineral y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas ambientalmente.
"La empresa arriesga una multa de hasta 17 mil UTA, que corresponden a casi 13 mil millones de pesos", señaló el superintendente (s), Emuanuel Ibarra.
La Superintendencia de Medioambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra la Minera Ojos del Salado, tras socavón en faena Alcaparrosa en Tierra Amarilla.
Los cargos son por sobre extracción de mineral y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas ambientalmente.
Emuanuel Ibarra, superintendente subrogante del Medioambiente, comentó que "la supertinendencia va a seguir adelante con este procedimiento. La empresa tiene 10 días para presentar un programa de cumplimiento en aquellos cargos que se pueda hacer y 15 días para presentar sus defensas".
👉Con respecto a la infracción gravísima, el titular arriesga la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). Por esta razón, en total, la empresa arriesgaría una multa de hasta 17.000 UTA, sobre $12.300 millones (CLP) pic.twitter.com/jdwUEQDzzM
— SMA (@SMA_CL) October 6, 2022
"También estamos haciendo un trabajo coordinado con el Sernageomin y la DGA para buscar la solución al paso del agua hacia dentro de la minera. Con estos cuatro cargos la empresa arriesga una multa de hasta 17 mil UTA, que corresponden a casi 13 mil millones de pesos, pero también arriesga la clausura del proyecto o la revoación de su permiso ambiental", apuntó.
"Esa es una decisión que se tendrá que tomar de acuerdo a las defensas que presente la empresa pero, por supuesto, considerando la visión de la comunidad", explicó Ibarra, agregando que "acá, la Municipalidad de Tierra Amarilla y sus habitantes son denunciantes o parte interesada en el procedimiento, y sus intereses van a ser considerados por esta institución", dijo.
Sobre lo anterior, el superintendente del Medio Ambiente (s) indicó que "con esta formulación se abre un procedimiento donde deberá ponderarse la visión de la comunidad; la de la Municipalidad que es parte interesada en el caso; y las defensas que presente la empresa, para luego de ello tomar la decisión y determinar las sanciones que corresponden aplicar".
El alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, planteó en Una Nueva Mañana de Cooperativa que si bien se dice que las eventuales multas "podrían ser las más altas que se han puesto en la historia del país", de todos modos "nos preocupa; creemos que lo que han ganado en utilidades, vulnerando a la comuna y el funcionamiento correcto que deberían tener, es mucho más de lo que se les va a multar".
"Otra cosa que nos preocupa es que finalmente esos recursos -como ha sucedido en veces anteriores- se van al nivel central, no llegan a Tierra Amarilla, ni son utilizados para remediar el problema que nos deja a nosotros como comunidad. Es algo injusto que debería cambiar", emplazó.
En cuanto a los daños causados por la minera, el jefe comunal acusó que tanto Ojos del Salado como otras compañías "no respetan la normativa; sobreexplotan los caserones y el territorio; tienen un uso excesivo de explosivos, eso explica también las fuertes tronaduras, y más grave aún: hacen exploraciones en lugares no autorizados", como debajo de las casas de vecinos.
En ese sentido, llamó a desarrollar un "estudio completo e independiente" para descubrir lo que existe al interior del socavón, en especial después de que se reportara que acumuló una gran cantidad de agua.
"Resulta que nosotros, como comunidad, estamos obligados a comprar bidones para tomar agua, porque el agua tiene mucho metales pesados, es mala, nos enferna y resulta que toda el agua, por cinco años, está dentro de la mina por esta falla y gran error que ellos han cometido. Dicen que en el norte no tenemos agua, nuestro río está seco y resulta que el agua nos la han estado robando desde la extracción minera", agregó la autoridad comunal
Por otra parte, Zúñiga aludió a la complicidad del diputado Jaime Mulet (FRVS) en el caso: "Fue acusado de haber hecho una transacción con otro abogado, que significó siete millones de dólares que fueron pagados para que la municipalidad dijera que en Tierra Amarilla no había daño ambiental".
En tanto, el gobernador de Tarapacá, Miguel Vargas, valoró que "el Estado ejerza en plenitud sus funciones, las que les corresponden a quienes tienen la tarea de fiscalizar".
"Evidentemente se inicia un proceso sancionatorio, la empresa puede apelar, pero la señal que se está dando es muy contundente de cara a lo que espera la gente del rol que tiene que cumplir el Estado cuando estamos frente a incumplimientos tan graves como los que hemos conocido en Tierra Amarilla", complementó la autoridad.
