Cuatro exfuncionarios alegaban ilegalidad en la no renovación de sus vínculos a contrata.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Universidad de Aysén por la no renovación de contratas de cuatro funcionarios para el año lectivo 2024.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, al estar acreditada la crisis financiera que afecta a la casa de estudios, derivada de una sobredotación de funcionarios que obligó al cierre de unidades y a la disminución de trabajadores, entre ellos los recurrentes, Jeimy Linda Fontecha Jiménez, Andrea Joanna Foessel Bunting, Sergio Francisco Villablanca Toro y Sebastián Ignacio Carrasco Colima.
El escrito expone que si por la crisis financiera generada por una mala administración se ha procedido a suprimir áreas, "no se divisa ilegalidad –al cumplirse exigencias del artículo 11 y 41 de la Ley 19.880- y tampoco arbitrariedad al basarse en una situación demostrada".
La resolución agrega que "no se afecta ni la igualdad ante la ley, al no divisar discriminación arbitraria, como tampoco el derecho de propiedad, pues pese a la estabilidad en el empleo asociada a la confianza legítima, como en el caso de tres de los recurrentes, ello no obsta a que la Administración decida no perseverar con dichas contrataciones, como ya se explicó, por lo que, habiéndose motivado con suficiencia en torno las razones de la no renovación de las contratas, tal cual exige la jurisprudencia administrativa, el presente arbitrio se debe rechazar, como se declarará".
