PDI y Fiscalía firman convenio para la "investigación preferente" de la corrupción en Aysén

Publicado:
| Periodista Digital: Contanza Ciocca

La medida busca optimizar los tiempos de investigación en casos de alto impacto social como los que han involucrado a los alcaldes de Coyhaique y Guaitecas.

Se agruparán las causas de mayor complejidad, que estarán a cargo de un equipo de detectives denominado "fuerza de tarea".

PDI y Fiscalía firman convenio para la
 Fiscalía

El acuerdo fue firmado en Coyhaique por el director nacional de la PDI, Sergio Muñoz, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

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Hasta la ciudad de Coyhaique llegó el director nacional de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, con la finalidad de firmar un convenio de colaboración con el Ministerio Público de Aysén denominado "Modelo de Investigación Preferente – MIP".

Este acuerdo busca optimizar los tiempos de investigación, con énfasis en las causas de corrupción o que tengan un alto impacto social.

"Nos hemos comprometido a colocar nuestros esfuerzos y equipos especializados en pos de un objetivo en común. Creo que es un hito relevante, estamos firmando este convenio para mejorar la respuesta en términos de investigación", explicó el director nacional de la PDI.

Este convenio se traduce en la creación de equipos especializados de la PDI, denominados "fuerza de tarea", como los que ya existen en causas como las del caso Luminarias, que involucra al ex alcalde de Coyhaique Alejandro Huala, o la que se desarrolló contra el ex alcalde de Guaitecas Cristián Alvarado.

"Ésta es una herramienta para mejorar en calidad. En la causa de corrupción pública, tanto en esa Municipalidad como en otras, la Policía de Investigaciones nos ha colaborado con una fuerza de tarea especial compuesta por miembros de distintas unidades", destacó el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Con la firma de este convenio se convierte en permanente una modalidad de trabajo que la PDI ya venía desarrollando en conjunto con el Ministerio Público en Aysén, con lo que se pretende -como se indicó- hacer más efectiva la persecución penal de delitos de alta connotación pública en la Región.

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