Corte de Apelaciones estableció plazo de un año para que el Servicio Local de Educación instale la infraestructura adecuada.
Un año tendrá el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera para dotar a la Escuela Juan Pablo II de Coquimbo de la infraestructura adecuada para el traslado en silla de ruedas en todos sus niveles.
Así lo determinó la Corte de Apelaciones de La Serena tras acoger un recurso de protección deducido en contra del servicio que administra establecimientos educacionales en las comunas de Coquimbo y Andacollo.
La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer el "actuar ilegal y discriminatorio del servicio recurrido".
"Nuestro ordenamiento jurídico dispone que todo edificio de uso público deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad", dice el fallo
"Especialmente por aquellas con movilidad reducida, estableciendo expresamente que los desniveles que se produzcan en el recorrido de la ruta accesible se salvarán ya sea mediante rampas o planos inclinados antideslizantes, o bien mediante ascensores", agrega la resolución.
Para el tribunal de alzada la conducta del Servicio Local de Educación se debe calificar "como ilegal, pues ha infringido la normativa contenida en las leyes 20.422 y 21.040, además de la Ley de Urbanismo y Construcción, (…) habiendo de esta manera vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso, en particular por la amenaza implícita a la integridad física”
Los magistrados de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, finalmente, ordenaron al Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera "que, en el término de un año, desarrolle todas las gestiones conducentes a dotar a la Escuela Juan Pablo II de la infraestructura adecuada para el desplazamiento en silla de ruedas a todos sus niveles".
