Un informe de más de 300 páginas emitió la Contraloría General de la República, donde acreditó una deuda de 24.255 millones de pesos en la municipalidad de Coquimbo, a lo que se suma el anuncio de una fiscalización durante el segundo semestre de este año para revisar los contratos honorarios de los funcionarios.
El documento comprobó que el 33 por ciento de los funcionarios del municipio, ya sea en calidad de planta y contrata, tiene doble sueldo.
El ente persecutor también analizó el pago de horas extras, para lo cual tomó 705 registros, los cuales fueron editados en la marcación de ingreso y salida. De hecho, el jefe de gabinete del municipio, Juan Carlos Rojas, tiene un plazo de 30 días para retornar $6.743.332, tras comprobarse pagos improcedentes relativos a labores no ejecutadas.
El administrador municipal de la comuna Puerto, Patricio Reyes, le bajó el perfil al informe de Contraloría indicando que es "menos grave de lo que fue el preinforme, el que fue difundido por las redes sociales".
"En cuanto al déficit de caja, tiene muchas explicaciones, una de las más simple, es que hay algunos ingresos que debieron llegar al municipio, pero no llegaron, tales como el del Leaseback con la empresa Enjoy, un anticipo y también el nuevo contrato con esta empresa de casino, que debió entrar el 2019, pero hasta la fecha todavía no ingresa, que son cerca de 15 mil millones de pesos", agregó Reyes.
El administrador municipal agradeció al ente contralor que los haya fiscalizado, ya que les permitirá "mejorar los procesos, pero en ningún aspecto este informe final establece que haya responsabilidades penales de ningún tipo".
"Tampoco hay una falta a la probidad o corrupción, son auditorías a procesos y gestión administrativa que hace a cualquier municipio de Chile, claramente aparecen situaciones que son anómalas, tampoco alcanza a calificar como un hecho corrupto ni desviación de recursos para otras cosas o derechamente robo", dijo Patricio Reyes.
Tras conocerse el informe de la Contraloría General de la Republica, el concejo municipal dio a conocer la realización de una sesión extraordinaria donde se analizará en detalle el documento y determinar si los antecedentes ameritan una investigación del Ministerio Público.
El concejal Mario Burlé explicó que "si se está hablando de la adulteración de un documento público, es un delito muy grave, incluso amerita dar cuenta a la fiscalía para que haga la investigación pertinente".
