La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó mantener presos a los 23 presuntos narcotraficantes que, en la víspera, habían sido liberados bajo fianza en Ovalle, en una decisión que levantó polémica dada la peligrosidad de los imputados.
En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Ovalle rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y, en cambio, autorizó que los criminales pudiesen obtener su libertad previo pago de una caución de dos millones de pesos.
Según el juez Luis Muñoz, "en este caso, el Ministerio Público señala como fundamento de este blanqueamiento de dinero la adquisición de bienes, que no es fundamento para dar por acreditado que se esté lavando el dinero. La adquisición de bienes corresponde a utilizar los dineros provenientes, pero no hay ahí un blanqueamiento, por lo tanto, debe descartarse tanto el lavado de dinero como la asociación para el lavado".
Y prosiguió, señalando que: "Estamos simplemente frente a un delito de tráfico en el cual participan distintas personas. Tampoco se ha justificado suficientemente que exista una organización. En suma, se reafirma que hay una agrupación, pero sin organización. De manera que, atendida la alta pena que tiene el delito de tráfico, es posible decretar la prisión preventiva, se va a decretar pero con la posibilidad de caucionar la comparecencia".
Los encausados, todos de nacionalidad chilena, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones en el marco de la denominada "Operación Diamante Verde", a través de la cual logró desbaratar una banda narco, además de la incautación de 283 millones de pesos en efectivo, 1.600 kilos de cannabis, 111 kilos de droga procesada, vehículos, armas y municiones.
La Fiscalía Regional de Coquimbo cuestionó la decisión, puesto que los antecedentes de la indagatoria dan cuenta de que la libertad de los sujetos representa un "peligro para la seguridad de la sociedad".
Por ello, apeló ante el tribunal de alzada, recurso en el que incluyó una orden de innovar para suspender la liberación bajo fianza mientras se resuelve el fondo del recurso.
Este martes, en fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de La Serena concedió "la orden de no innovar solicitada, en cuanto se dispone que no se podrá dejar a los imputados en libertad, mientras se encuentre pendiente la tramitación del presente recurso".
De esa manera, instruyó despachar la órdenes de detención que correspondan respecto de los imputados que ya hubiesen pagado la caución, "a objeto de que ingresen a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva".
El fiscal Eduardo Yáñez explicó que "ante la resolución del juez, que deniega dicha petición, en la que señala (que) solo estamos frente a sujetos que tienen un peligro de fuga y fija una caución de dos millones de pesos, lo que la Fiscalía hace es recurrir verbalmente, en la misma audiencia, en contra de la resolución, resolución que igualmente es denegada. Finalmente, el recurso de apelación escrita es por la denegación de la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Este recurso de presentó el mismo día ante el Juzgado de Garantía de Ovalle".
En Cooperativa, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que "obviamente es un tema bien delicado, porque como lo dijo la ministra del Interior, cuesta entender la decisión y genera una indignación, porque todo el esfuerzo que hubo de la policía, del trabajo de coordinación de nuestras instituciones para lograr que estas personas involucradas en delitos graves pudieran quedar en prisión preventiva, se cambia la cautelar".