La Fiscalía abrió una investigación contra el Gobierno Regional de Coquimbo por posible delito de fraude al Fisco, en relación con el pago de 9.800 millones de pesos por terrenos ubicados en el sector de San Ramón, al oriente de La Serena, para la construcción de un complejo deportivo.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el paño fue adquirido sin toma de razón del ente fiscalizador.
"La Contraloría General de la República rechazó en cuatro oportunidades el contrato de compra —vía trato directo— de un terreno para la construcción del Centro Deportivo San Ramón de La Serena, suscrito entre el entre el Gobierno Regional (GORE) y la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el 9 de octubre de 2019", indicó el organismo.
Intendenta: "No existe ningún tipo de ilegalidad"
La intendenta Lucía Pinto se defendió señalando que se optó por la modalidad de trato directo "al ser ésta la vía más rápida y efectiva de avanzar en este proyecto, mientras avanzábamos en paralelo en la construcción del nuevo hospital de La Serena”.
"Ha sido un proceso en el que hemos actuado siguiendo la legalidad y estamos convencidos que no existe ningún tipo de ilegalidad. Hemos acompañado siempre todos los antecedentes para fundamentar técnica y económicamente a la Contraloría en cada representación que nos ha enviado", agregó la autoridad regional.
Diputado comunista acusa "escándalo de corrupción"
La indagatoria quedó cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich -quien participó en el caso SQM-, y generó inmediatas reacciones políticas.
"Cuando una entidad pública decide comprar un terreno bajo la modalidad de contrato directo, siempre tiene que hacerse vía trámite de toma de razón, (que es) el control de la calidad de la Contraloría. Espero que esta situación se pueda clarificar cuanto antes", señaló el diputado DC Matías Walker.
Más severo en su opinión fue el diputado comunista Daniel Núñez, quien calificó el hecho como "el mayor escándalo de corrupción que vive la Región de Coquimbo, en particular el Gobierno Regional desde el año 1990; desde el retorno a la democracia".
El legislador sostuvo que la intendenta Pinto autorizó una compra que no cumplía con las exigencias de la Contraloría Regional, a lo que se suma que "un asesor de la Intendencia resultó verse involucrado, puesto que su padre es uno de los dueños de la inmobiliaria beneficiada con esta compra multimillonaria".
Ello "demuestra un tráfico de influencias, un conflicto de interés en esta situación", apuntó Núñez.
Las objeciones de la Contraloría
- La Contraloría General de la República rechazó en cuatro oportunidades el contrato de compra —vía trato directo— de un terreno para la construcción del Centro Deportivo San Ramón de La Serena, suscrito entre el entre el Gobierno Regional (GORE) y la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el 9 de octubre de 2019.
- La Contraloría determinó que el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato directo.
- El organismo de control no tuvo a la vista evidencia suficiente que justificara que el precio fijado en el contrato, 9 mil 800 millones de pesos, correspondiera a su justo valor, ya que el GORE de Coquimbo aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes.
- De hecho, la Contraloría detectó que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta, el 22 de enero de 2019. Además, el valor de la UF considerado corresponde al 4 y 5 de febrero de 2020, posterior a la firma del contrato.
- Por otra parte, se advirtió que los recursos previstos en el presupuesto del GORE para este ítem, 8 mil 215 millones 104 mil pesos para este año, no son suficientes para para solventar el valor del contrato.
- Además, la Contraloría advirtió que el terreno fue inscrito en el Conservador de Bienes y Raíces a nombre del Gobierno Regional y pagó a la Inmobiliaria Guayacán SpAy otros, 9 mil 800 millones de pesos sin que la Contraloría haya visado la legalidad del contrato de compra.
- El prescindir del control jurídico de la Contraloría implica una infracción al principio de irretroactividad y una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Por lo anterior, la Contraloría instruyó la realización de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso.
