La agrupación "Primero las Víctimas", que reúne a afectados por episodios de violencia en la Macrozona Sur, solicitará exponer en el próximo período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con El Mercurio, el grupo quiere presentar tres testimonios de personas que han sufrido el impacto de los ataques, ya sea como víctimas o familiares de afectados.
El primero es el transportista Mauro Aguilar (23), quien sobrevivió tras haber sido baleado en el rostro mientras circulaba por Lumaco, en enero de este año. Pese a la gravedad de las heridas, entonces logró conducir hasta un Cesfam, y su recuperación luego continuó en el hospital regional.
También está el caso de Ingrid Manríquez, madre del vigilante forestal Benjamín Bustos (23), asesinado por desconocidos cuando cumplía labores para prevenir incendios en un predio forestal en Carahue, en febrero pasado, hecho en el que también murió su colega Alejandro Carrasco (30).
Manríquez expresó desconsuelo frente a lo que tachó como "el terrible grado de violencia que hay en La Araucanía", y también su inquietud por el futuro del resto de su familia. "Tenemos más hijos y nos preocupa (saber) qué les espera mañana", dijo.
El tercer testimonio que la agrupación buscará llevar a la CIDH es el de Dahiana Pereira, viuda del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil, el carabinero que murió tras haber sido atacado a un costado de la Ruta 5 Sur en octubre del 2020 cuando se apersonó a atender un procedimiento por barricadas en el camino.
FUSTIGA "PASIVIDAD" DEL ESTADO
"Nuestro dolor ha sido ignorado por el mundo de los derechos humanos a nivel internacional. Se desconoce la enorme cantidad de atentados, el número de personas comunes que han sido violentadas, torturadas, asesinadas, también se olvidan sus nombres", reprochó duramente "Primero las Víctimas" en una declaración pública que recogió el matutino. El objetivo "es que nuestra historia se conozca y se tomen medidas para que esto termine", subrayó.
"Vivimos con miedo, nos queman nuestros hogares, familias completas han sido desplazadas de sus lugares de residencia, han matado a nuestros padres, hijos y familias, hemos sufrido atentados directamente contra nuestros medios de sustento. Sin embargo, el Estado chileno ha sido pasivo, no ha utilizado todas las herramientas que la ley le otorga para garantizar la protección de la población, no ha existido una voluntad de repararnos y prestar, al menos, apoyo psicológico para nuestros hijos e hijas", continuó la agrupación.
A juicio de ésta, "desde hace 25 años el sur de Chile ha sido testigo, protagonista y víctima de lo que primero se identificó como violencia rural, hoy devenido en actos terroristas", contexto bajo el cual -sentenció- "han ocurrido más de 3.500 hechos de violencia cuyos daños materiales y humanos son incalculables".
