Amnistía Internacional denunció este jueves que la aplicación de la ley antiterrorista en procesos judiciales contra los mapuche genera juicios injustos y sin garantías, que criminalizan a los indígenas.
La organización lanzó hoy el informe "Pre-juicios injustos: criminalización del pueblo mapuche a través de la ley antiterrorista", en el que analizan a fondo dos casos en los que mapuches fueron condenados por esa controvertida legislación.
Aministía observó el juicio del caso del matrimonio Luchsinger Mackay, que falleció en un incendio intencionado en su domicilio en 2013, y la quema de una iglesia evangélica en 2016, ambos episodios ocurridos en la Región de La Araucanía.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, afirmó que esos juicios no respetaron los estándares de un debido proceso a causa de la aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuches imputados.
Valentina Ballesta, investigadora de Aministía Internacional para Suramérica, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya condenó en 2014 a Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista contra personas mapuche.
"Vemos que cuatro años después de la sentencia de la CorteIDH, el Estado de Chile sigue con las mismas deudas y sigue cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos basadas en la ley antiterrorista y su aplicación al pueblo mapuche", señaló Ballesta.
La investigadora sostuvo que en los dos casos analizados, los mapuche no pudieron defenderse adecuadamente debido a las atribuciones que la ley antiterrorista concede a la Fiscalía y los jueces, como el uso de testigos anónimos o el secreto de la investigación.
La ley antiterrorista también permite que los imputados permanezcan durante un largo período de tiempo en prisión preventiva, algo que Amnistía Internacional considera "desproporcionado".
"La prisión preventiva debe ser para garantizar el curso del juicio, no puede ser concebida como una pena anticipada", destacó Ballesta.
Caso Luchsinger Mackay
En el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, en el que hay cuatro condenados, dos a cadena perpetua, Aministía denuncia que varios de los imputados estuvieron casi dos años en prisión preventiva.
El informe destaca además que la condena a tres de los acusados se fundamentó en una prueba que fue objetada en varias ocasiones por la defensa al considerar que había sido obtenida bajo coacción.
La investigadora de Amnistía para Sudamérica pidió al Estado chileno que anule ambos juicios y que modifique la ley antiterrorista para adecuarla a los estándares internacionales.
Multigremial reveló aumento de ataques incendiarios
Este jueves, la Multigremial de La Araucanía entregó las cifras del barómetro que mide la violencia ocurrida en la macrozona, estableciendo que desde enero de 2017 hasta julio de 2018 son 88 los ataques incendiarios perpetrados a viviendas, camiones e iglesias.
La visita del Papa Francisco, el juicio por la muerte del matrimonio Luschinger Mackay, el caso Iglesia y la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, fueron hechos determinantes para la ocurrencia de ataques incendiarios, según las estadísticas de la Multigremial.
El estudio agregó que en 27 comunas de la macrozona hubo denuncias formales por ataques incendiarios, siendo Ercilla y Collipulli las zonas donde se registra la mayor cantidad de hechos violentos, en los cuales se dejaron panfletos y lienzos alusivos a la temática mapuche.
Para Luciano Rivas, presidente de la Multigremial, hay una clara vinculación de los ataques incendiarios con la visita del Papa y la huelga del machi Celestino Córdova.
El informe establece que una vez que el Gobierno autorizó salir al machi a la ceremonia espiritual, los delitos bajaron.
Finalmente los gremios agícolas y productivos dijeron confiar en las acciones que el Gobierno lleva a cabo, como por ejemplo el trabajo en la zona del llamado "Comando Jungla" y las reuniones paralelas que encabeza el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
