El presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, criticó la "ausencia" del Ejecutivo como respuesta a los ataques contra trabajadores del gremio.
"Nosotros exigimos seguridad, eso está en la Constitución, ¿y el Presidente de la República qué hace? Observa", enfatizó en Cooperativa.
El presidente de la Federación de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, aseguró que su petitorio presentado al Gobierno ante la violencia en La Araucanía no fue realmente una "amenaza" del gremio, como la calificó el ministro del Interior, Víctor Pérez.
"Nosotros no le hemos dado ningún ultimátum al Gobierno, el Gobierno tiene el ultimátum desde hace rato. Lo que nosotros le dijimos al señor ministro del Interior es que al Gobierno se le acabó el plazo, y a usted más bien se le está acabando el plazo, porque está asumiendo recién y va a tener que ponerse al día de todos los problemas que hay en el país", explicó en El Diario de Cooperativa.
Para el dirigente, la solución del conflicto en la región debe verse por separado, pues el Ejecutivo tiene dos problemas: "uno con el pueblo mapuche, y un problema de inseguridad y de que no hay Estado de derecho. Por lo menos en el sur de Chile se nota más, pero casi en todo el país el Estado de derecho hoy día no se respeta".
En ese sentido, defendió las demandas de su gremio ante los robos, quemas y agresiones que han recibido, ya que "si el Gobierno no reacciona no le puedo ir a rogar, ya tengo que irle a exigir (...) Nosotros exigimos seguridad, eso está en la Constitución, ¿y el Presidente de la República qué hace? Observa. Hoy encontramos a un Presidente ausente, porque ni siquiera se ha dado cuenta de todo lo que está pasando en el sur de Chile".
Por otro lado, criticó que los responsables de los ataques en la región nunca sean detenidos, afirmando que "nosotros sabemos de trasladar carga pero de inteligencia sabemos poco, así que aquí los que tienen que hacer la pega es el Gobierno".
Este jueves, el Presidente Sebastián Piñera presentó en la Región de O'Higgins un proyecto que busca endurecer las penas contra quienes quemen camiones o buses.
