"Son tres denuncias que se han presentado: dos de la semana pasada y una de esta semana", dijo el fiscal regional Roberto Garrido.
"Esta es una situación claramente que ha demostrado ser muy dinámica", afirmó.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó el inicio de tres investigaciones por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde órganos estatales a fundaciones, las cuales apuntan al Gobierno Regional (GORE), el Ministerio de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
"Son tres denuncias que se han presentado: dos de la semana pasada y una de esta semana", dijo el persecutor.
Las causas están a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad en la región.
"Lo que ha permitido de individualizar estas tres causas dice relación con la fundaciones y las personas eventualmente involucradas, pero esta es una situación claramente que ha demostrado ser muy dinámica. En la medida también que sea útil para el éxito de la investigación, vamos a tomar decisiones de agrupaciones o separaciones", señaló el fiscal.
En tal sentido, Garrido sostuvo que "es necesario distinguir lo que se refiere eventualmente a la asignación de estos recursos, donde podrían existir delitos de negociación incompatible o tráfico de influencia, y otra situación que podría generarse luego en la ejecución de estos recursos que se entregaron, donde eventualmente podrían configurarse ilícitos de fraude al fisco".
"La investigación tiene que abocarse a determinar a cualquier persona que pueda eventualmente ser responsable de ilícitos penales en este o en otro caso", añadió.
La primera indagatoria se abrió la semana pasada, a raíz de una denuncia de un particular sobre el traspaso de fondos desde el GORE, encabezado por Luciano Rivas, el único gobernador de oposición del país.
La diputada oficialista Ericka Ñanco, militante de Revolución Democrática (RD), proporcionó antecedentes relevantes, los cuales se incorporaron a la indagatoria, según Garrido.
"Confío en el trabajo que va a realizar la Fiscalía para determinar si existe o no un eventual delito en el traspaso de fondos directos por parte del gobernador regional a distintas fundaciones. Acá lo más importante es saber que los dineros del Estado se estén invirtiendo de manera correcta, y como bien dijo el Presidente Boric, no habrán defensas corporativas hacia nadie", dijo la parlamentaria frenteamplista.
Esta mañana, el gobernador Rivas se reunió con el fiscal y le entregó antecedentes del caso.
"Nos reunimos con el fiscal regional para coordinar la entrega de información referente a los diferentes casos que han estado saliendo a la luz pública en el último tiempo, por los cuales también se han hecho denuncias y nosotros como Gobierno Regional, en nuestra actitud proactiva, lo que vinimos a hacer el día de hoy es a entregar toda la información requerida al fiscal de Alta Complejidad, vía el fiscal regional", indicó la autoridad.
"Esperamos que estas diligencias ocurran de la forma más rápida y estamos obviamente como Gobierno Regional dispuestos a apoyar en todas las gestiones necesarias y entregar toda la información, porque somos parte de esta investigación también, que necesitamos que se esclarezca a la brevedad", añadió Rivas.
La segunda causa se inició a partir de una denuncia del diputado opositor Mauricio Ojeda, independiente y cercano al Partido Republicano, por una fundación que recibió fondos el año pasado de Desarrollo Social, la cual tendría su centro de operación en el mismo terreno donde vive la Delegada Presidencial Provincial de Malleco, en Angol.
La tercera investigación, en tanto, se basa en los antecedentes entregados por el diputado Andrés Jouannet, de Amarillos por Chile, por presuntas irregularidades en el traspaso de 442 millones de pesos desde la Conadi, dependiente administrativamente de Desarrollo Social, a una sociedad de profesionales con responsabilidad limitada.
Desde que estalló el caso Convenios, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta y que involucraba a militantes de Revolución Democrática (RD) producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva, se fueron conociendo otros convenios con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.
Por una parte el Gobierno indaga todas las relaciones de fundaciones privadas con el Ejecutivo central desde los últimos cinco años, lo que incluye la anterior legislatura de Sebastián Piñera (2018-2022).
Por otra parte, la Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas, además de Antofagasta y La Araucanía, las de Arica, O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos, entre otras.
En Concepción, esta mañana sesionó la Comisión de Ética y Fiscalización del Consejo Regional (CORE), que analizó donaciones a ONG y algunas corporaciones privadas, como los 274 millones de pesos donados a la red Cultivarte, representada legalmente por la cuñada del actual alcalde de Coronel, Boris Chamorro.
Algunos consejeros piden celebrar una sesión extraordinaria, que sea transmitida en vivo a la comunidad, para tratar estos asuntos.
Al respecto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, comentó que "las peticiones de los consejeros son peticiones. A veces se comete un generalización a partir de peticiones que no son necesariamente mayoritarias dentro del Consejo. Dos cores pueden parecer plural, pero los cores son 28. Es bueno poner la pelota en el piso y saber de qué estamos hablando".
"En segundo lugar, obvio, cualquier persona puede ser objeto, en el caso de que hagan imputaciones fundadas, de una acción de quien se sienta vulnerado en sus derechos", agregó la autoridad regional.
