Bernarda Valenzuela Aburto es acusada de haberse apropiado de 60 millones de pesos de familias que buscaban cumplir "el sueño de la casa propia".
Tras ser formalizada, quedó con firma quincenal y arraigo nacional.
Pese a imputaciones, seguirá en su cargo.
El Juzgado de Garantía de Angol decretó arraigo nacional para una concejala acusada de estafar a comités de vivienda.
Se trata de Bernarda Valenzuela Aburto, quien está imputada por haberse apropiado, supuestamente, de dineros que fueron ahorrados por integrantes de cuatro organizaciones que buscaban concretar el "sueño de la casa propia".
Según la Fiscalía en Malleco, Valenzuela no pudo acreditar qué ocurrió con los dineros, cerca de 60 millones de pesos, que fueron reunidos por varios años para hacer las postulaciones.
Algunos vecinos afectados dicen, incluso, haberle entregado dinero personalmente para hacer trámites en el Serviu.
El fiscal de Angol, Carlos Cornejo, pidió prisión preventiva, lo que fue desestimado por el magistrado Daniel Riquelme, quien dejó a la concejala sujeta a firma quincenal y arraigo nacional con un plazo de investigación de tres meses.
La concejala, electa en la lista del Partido Radical, seguirá ejerciendo su cargo.
