Contratistas forestales presentaron la acción judicial bajo el argumento de que no se avanza en mayor seguridad en la macrozona.
Autoridades regionales tienen ahora un plazo de ocho días para informar qué acciones se han ejecutado.
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso presentado por el gremio de contratistas forestales en contra del intendente de La Araucanía, Jorge Atton, y los gobernadores de las dos provincias que conforman la región.
La acción judicial fue interpuesta el pasado 19 de julio por 40 empresas que prestan servicios forestales y que han sido víctimas de más de 60 ataques incendiarios en el marco de la violencia rural que afecta a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
René Muñoz, a nombre de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), indicó que "buscamos interpelar al Gobierno a través del intendente y los gobernadores para que se nos explique si se están garantizando los derechos a la vida, a la tranquilidad, al trabajo y a la propiedad".
Al ser declarado admisible el recurso, el intendente Jorge Atton y los gobernadores de Cautín, Mauricio Ojeda, y Malleco, Víctor Manoli, tienen un plazo de ocho días para que informen qué medidas se han implementado para combatir la violencia y qué se ha hecho en materia de investigación de ataques incendiarios.
Este año se han registrado 13 ataques incendiarios a contratistas forestales en La Araucanía, los que forman parte de los 138 que desde el año 2014 han ocurrido en la llamada macrozona.
