Cuatro funcionarios de Gendarmería fueron detenidos este lunes por su presunta participación en ilícitos vinculados a la corrupción y al tráfico de drogas al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli, en la Región de La Araucanía.
Las detenciones se concretaron luego de varias semanas de indagatorias y recopilación de antecedentes encabezadas por el Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de la propia institución, en un trabajo conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
A los uniformados aprehendidos se les imputan los delitos de asociación delictiva, tráfico ilícito de estupefacientes, cohecho y soborno, además del ingreso y facilitación indebida de elementos prohibidos hacia las dependencias carcelarias.
Tras las aprehensiones, la institución ordenó un sumario administrativo y ejecutó allanamientos masivos en diversos módulos del penal. (FOTO: ATON)
El caso ya fue puesto en conocimiento del fiscal de turno para coordinar las respectivas audiencias judiciales y la formalización de cargos correspondiente.
La coronel Ingrid Rojas detalló que "son cuatro funcionarios activos del CCP Collipulli, (y) cuatro internos, personas privadas de libertad y también la colaboración de ciudadanos en el exterior. Los delitos que se investigan son tráfico ilícito de drogas, cohecho, soborno, entre otros, por lo tanto es un hecho grave".
"Nosotros teníamos dos opciones: pararnos aquí adelante, agachar la cabeza, sentir vergüenza por este grupo de corruptos, o salir a señalar de frente que estamos todos unidos, trabajando para el control de nuestro sistema", dijo.
Allanamiento a módulos y medidas disciplinarias
De forma paralela a las detenciones, equipos especializados de Gendarmería desplegaron un procedimiento de registro y allanamiento en distintos módulos del centro penitenciario con el propósito de incautar sustancias y artículos no permitidos.
Posteriormente, el fiscal de Collipulli, Carlos Bustos, complementó que, en base a los antecedentes recabados de momento, "los funcionarios cobraban aproximadamente 300 a 450 mil pesos por aparato telefónico, dependiendo del tipo de equipo a ingresar".
"El monto total de las transacciones que pudieron verificarse será expuesto en la respectiva audiencia de formalización, previa pericia para analizar las cuentas de todos los co-imputados", añadió el persecutor.
Por su parte, la institución penal ordenó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y establecer las sanciones internas pertinentes.
