En la Corte de Apelaciones de Temuco fue ingresado un recurso de protección en contra del fiscal nacional Jorge Abbott, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y la jueza de Garantía de Temuco, Leticia Rivera, en el marco de la investigación de la llamada Operación Huracán.
El escrito fue presentado el sábado por el defensor penal particular, abogado Javier Jara Müller, quien representa al mayor en retiro de Carabineros, Patricio Marín y busca dejar sin efecto la formalización y reformalización de cargos realizada el 25 de abril en el Juzgado de Garantía de Temuco.
Jara Müller explicó que -en esa ocasión- el fiscal Palma "formalizó a mí representado por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de documentos, pero consideramos que excedió los términos de la solicitud del 12 de marzo, lo que vulnera el artículo 231 del Código Procesal Penal, porque agregó hechos y delitos que no estaban precisados en la petición escrita".
El artículo, enfatizó el letrado, "exige ciertas formalidades para proceder a la formalización y derechamente esto no se cumplió por el Ministerio Público. Nos encontramos con una formalización de cargos totalmente excesiva a esa solicitud y creemos que eso afecta al derecho a la defensa por las consecuencias que tienen estos actos contra el imputado".
El profesional sostuvo que "el fiscal Palma demuestra una vez más que no está capacitado para llevar esta investigación".
En tanto, la abogada Marisa Navarrete, quien representa al capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Osses, agregó que "hemos detectado en el proceso una falta de objetividad por parte del Ministerio Público para investigar la causa Huracán".
"Desde el inicio, y creo ser la única abogada que está desde el inicio de la causa, he tenido que incorporar varias cautelas de garantía, que son peticiones que nos hace el Juzgado de Garantía cuando se da cuenta que no puede ejercer adecuadamente su derecho a defensa y eso lo hemos venido señalando en todo el trascurso de la investigación", señaló.
"Efectivamente la Fiscalía no nos ha dado lugar a muchas diligencias que evidentemente nos ha perjudicado y que lo que hace es poner en jaque, en duda, el principio de objetividad que obviamente requiere la investigación del Ministerio Público", indicó.
En este caso actualmente hay 11 imputados, un civil y 10 efectivos de Carabineros en retiro, tres de ellos en prisión preventiva. Todos están formalizados por diversos delitos, entre ellos implantar mensajes falsos en los celulares de nueve personas.
