Una asociación ilícita con alta capacidad técnica dedicada al robo y la comercialización de madera fue desbaratada en la comuna de Collipulli (Provincia de Malleco).
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que el trabajo conjunto de la Fiscalía Local de Collipulli y el OS-9 de Carabineros permitió la detención de ocho integrantes de este "emprendimiento criminal abocado a la sustracción y al procesamiento de madera para su venta posterior en la zona central del país".
Garrido destacó "la cantidad de elementos incautados" en este procedimiento anti "explotación forestal ilegal", especialmente "tres aserraderos móviles" que se encontraba en poder de la agrupación.
De los detenidos, tres de los involucrados quedaron en prisión preventiva este jueves, acusados de los delitos de porte ilegal de armas y municiones, además de asociación delictiva y usurpación.
El grupo de sujetos actuaba de forma conjunta y coordinada para extraer y procesar la madera -que era de propiedad de Forestal Mininco- y revenderla no sólo en La Araucanía, sino que también en las regiones de O'Higgins y Metropolitana.
Este hecho ocurrió horas después de la quema de 11 vehículos y maquinaria en la comuna de Lautaro.
GOBIERNO DESTACA BAJA EN LAS CIFRAS
Pese a estos delitos, el delegado presidencial de la región, José Montalva, sostuvo que hay cifras que van a la baja en materia de violencia rural y atentados en los últimos meses.
"Acá nadie celebra nada, lo que damos es datos respecto a cómo hemos avanzado. Tampoco decimos que estamos conformes, porque mientras haya un solo hecho de violencia rural en la región, no vamos a estar conformes y vamos a seguir trabajando todas las instituciones", advirtió la autoridad.
De todas maneras, destacó que "hay una baja del 46% en atentados incendiarios en nuestra región. No solamente respecto al 2024 o respecto al 2023, sino que respecto al peak -que fue el 2021- tenemos una baja más considerable que es más del 50%".
En el caso de los hechos violentos, los gremios agrícolas y forestales han sido críticos de las cifras, acusando que lo que se percibe en los campos es distinto a los informes que entregan las autoridades en la zona.
La polémica se da cuando la presencia de militares en el marco del estado de excepción constitucional cumplirá dos años de operaciones en la Macrozona Sur.