Organizaciones y dirigentes mapuche de la Región de La Araucanía se desmarcaron de J.P.P.V., funcionario judicial que el martes fue formalizado y quedó en prisión preventiva por tenencia de armas de guerra en su domicilio, en la comuna de Traiguén.
Representantes indígenas afirmaron que son el Poder Judicial y el Partido Por la Democracia los que deben responder por la situación (el imputado es hijo del ex intendente Guillermo Pirce), y rechazaron que el Gobierno, mediante el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli (RN), haya especulado sobre la posible utilización del armamento incautado en hechos violencia en el marco del proceso de "recuperación territorial".
"De partida, en las comunidades mapuche (a J.P.P.V.) no lo conocemos", dijo Rodrigo Curipán, werkén de comunidades mapuche de Rankilko, en Bajo Malleco.
"De haberlo conocido, sabemos que fue partidario del Gobierno de Bachelet y nosotros no manejamos vínculos con ex autoridades políticas", añadió Curipán, que acusó "irresponsabilidad política del Gobierno al mezclar y tratar de involucrar a los mapuche".
Una subametralladora, un fusil, granadas, pistolas y municiones fueron incautadas en poder del funcionario judicial, que, amparado en esta condición, quiso impedir el ingreso de la policía a su domicilio. (Foto: Fiscalía)
Para Ana Llao, dirigenta de Ad-Mapu, en este caso "el PPD debe responder y el Poder Judicial debe también dar una explicación".
A la vez, afirmó que "si hubiese sido un mapuche (el detenido) estarían diciendo que es un peligroso terrorista... Menos mal que mostraron las armas".
En la misma línea, Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas Las Tierras, señaló que el caso "pone de manifiesto que hay una clara discriminación con el pueblo mapuche".
"Se confirma con el hecho de que el Gobierno presentó una simple querella, y (en otras ocasiones) cuando incautan una escopeta en desuso se le califica de inmediato como un acto de terrorismo mapuche", alegó Huilcamán.
