Son nueve los condenados por el brutal crimen ocurrido en 2021, que incluyó el asesinato y desmembramiento de una de las víctimas.
Habían secuestrado a un segundo hombre, que logró huir tras 10 días de torturas.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol dictó dos cadenas perpetuas y 122 años de cárcel en total para los nueve condenados por el secuestro de dos hombres, una de las cuales fue asesinada y desmembrada, en 2021 en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.
Los principales sentenciados corresponden a Christopher Ángel Jara Fuentealba y Julieta Pérez Ancalaf, a quienes se les impuso el presidio perpetuo simple por el delito de secuestro con homicidio.
Se trata de la segunda máxima pena del ordenamiento jurídico chileno: deberán pasar el resto de sus vidas en prisión, y sólo podrán postular a beneficios -como la libertad condicional- una vez hayan cumplido 20 años tras las rejas.
Jara Fuentealba también recibió 15 años de cárcel adicionales por el secuestro calificado de la otra víctima -que logró escapar-, 3 años y un día por porte ilegal de armas y 541 días de cárcel por tráfico de drogas; mientras que a Pérez Ancalaf se le agregaron 15 años por el mismo secuestro calificado y 3 años y un día por porte ilegal de armas.
El fiscal de Alta Complejidad Enrique Vásquez relevó la severidad del fallo: "El presidio perpetuo es presidio de por vida. Y además de esa condena, tienen otras de 18 y 22 años, respectivamente".
Las penas del resto de los condenados acumulan 84 años y 9 meses de presidio: entre ellos, destacan María Ancalaf Llaupe y Ricardo Aránguiz Genel, condenados a 15 años por secuestro calificado y 4 años por secuestro simple; y Diego Mansilla-Villena Córdova, a 15 años por secuestro calificado, 4 años por secuestro simple, 3 años y un día por porte ilegal de armas y 541 días por tráfico de drogas.
"La Fiscalía está conforme con el trabajo realizado; se acreditaron los hechos tal y cual como fueron expuestos y se condenó a los nueve imputados", enfatizó el fiscal Vásquez.
En el juicio se acreditó que, a principios de junio de 2021, el grupo de nueve criminales decidió ajustar cuentas con dos individuos a quienes acusaban de haber robado armas y drogas.
El primero de los afectados, de iniciales E.A.A.M., fue secuestrado y sometido a brutales torturas durante diez días, hasta que finalmente logró escapar.
Sin embargo, la segunda víctima, E.C.M.B., no tuvo la misma suerte y fue asesinada tras días de abusos y vejaciones. Los perpetradores intentaron deshacerse del cuerpo desmembrándolo y quemándolo en un intento de ocultar el crimen.
Aunque dijo estar conforme con el fallo, el fiscal Vásquez precisó que "es necesario analizarlo" porque existen "varios puntos que deben ser considerados", dado que es posible que la Fiscalía recurra de nulidad para perseguir eventuales penas de mayor cuantía.
"En primer lugar, la sentencia propiamente tal. Luego, discutirlo con las víctimas de este hecho. Hay que recordar que se trata de dos víctimas directas y de víctimas indirectas también de este mismo caso. Las complejidades del caso son significativas, con dos delitos graves donde las víctimas y testigos sufren una doble victimización cada vez que son expuestos ante un tribunal", sostuvo.
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