Un grupo de encapuchados atacó durante la madrugada de este viernes un fundo del diputado Jorge Rathgeb (RN), ubicado en la comuna de Traiguén, en la Región de La Araucanía.
Fueron cerca de 4 a 6 personas quienes amenazaron al cuidador del predio para que hiciera abandono, y así procedieron a quemar una casa, tres galpones, maquinaria y vehículos, en medio del estado de excepción que rige para la Macrozona Sur.
El diputado oficialista utilizó sus redes sociales para compartir el registro de los daños y condenar el ataque, señalando que "aquellos que cometieron este acto son mentes que no están en su sano juicio y que solo buscan infundir temor".
Además, en un comunicado, indicó que el atentado "sigue demostrando que el Estado de Emergencia debe mantenerse y el Gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados" para todos aquellos que "han sido víctimas de estos hechos".
El coordinador de seguridad para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, dijo a El Diario de Cooperativa que "la Coordinadora Arauco Malleco se adjudicó el atentado incendiario en la propiedad del diputado Rathgeb".
En tanto, en El Primer Café, el ex presidente de RN Mario Desbordes entregó su apoyo al parlamentario: "Quiero, a través de la radio, manifestarle mi solidaridad a mi amigo, el diputado Jorge Rathgeb, que sufrió un atentado anoche en su casa".
Otros ataques incendiarios en la zona
A este hecho se suman otros ataques incendiarios en la región, uno de ellos afectó a una escuela en el sector rural de Lautaro; mientras que la otra emergencia se registró en Collipulli, donde la cabina de un camión fue quemada.
Sobre el trabajo en estos lugares, Joel Cárcamo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Collipulli, dio cuenta que "hemos atendido distintos ataques incendiarios durante la última hora. El primero de ellos a las 02:46 de la madrugada de hoy, el cual se trató de la combustión de una vulcanización y bodegas, también con peligro de propagación hacia otras estructuras en la Ruta 5 Sur".
"La segunda emergencia se despachó a las 06:40 aproximadamente, en el cual se trató de la combustión de un camión en la zona urbana de Collipulli, en calle Freire, se combustiona la totalidad de la cabina de un camión", detalló el voluntario.
Ataques previos a consulta ciudadana
Estos ataques se registran a pocas horas del inicio de la consulta ciudadana no vinculante en la Región de La Araucanía, que busca preguntarles a los vecinos si están de acuerdo o no por la presencia militar y con que se extienda el estado de emergencia que rige desde el 13 de octubre en esa región y en dos provincias -Biobío y Arauco- en la vecina Región del Biobío.
Ante esta opción, comunidades indígenas han manifestado nuevamente su rechazo a la presencia militar y piden que se vaya definitivamente el Ejército de la región.
"Creo que aquí lo que se busca más que nada es darle la seguridad a sus 'perros', tener a sus 'perros' bien alimentados para que puedan seguir reprimiendo. Hoy lo que ha ocurrido es grave, nosotros a través de esta instancia primero que nada, decir a los militares que se tienen que ir de este territorio", puntualizó José Calcunao, dirigente de la zona cordillerana de la región.
En esta línea, el representante indigena advirtió al Congreso que "si va a autorizar un nuevo período de (estado) de excepción para que estén los militares aquí, vamos a tener que conversar con la autoridad ancestrales mapuche. Tienen que conversar con los loncos, no los loncos que ellos han creado que están al beneficio del Estado burgués".
El Gobierno Regional de La Araucanía impulsa esta consulta para ofrecer sus resultados como "insumo" al debate que habrá en el Congreso, que tendrá que aprobar o rechazar la solicitud ya ingresada por el Gobierno central para prorrogar por otro período de 15 días el estado de excepción, cuyo plazo actual vence el 11 de noviembre.
Una de las organizaciones que rechaza esta consulta es el Consejo de Todas Las Tierras, que informó que la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible interpuesto contra el gobernador Luciano Rivas y los alcaldes con los que impulsa este proceso. Los dirigentes mapuche consideran que es ilegal pues no se les preguntó previamente a las comunidades indígenas.
