El Tribunal de Garantía de Temuco condenó a penas de tres años y un día de presidio a los inspectores fiscales de la Dirección de Vialidad del MOP, Raúl Pinto Fuentes y Carla Sierra Beltrán, y a la pena de tres años de presidio al empresario Ignacio Molina Burgos.
La decisión se originó como resultado de una investigación liderada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía por irregularidades en contratos de conservación de caminos en comunidades indígenas de La Araucanía.
En una audiencia de procedimiento abreviado, los funcionarios públicos y el particular acusados admitieron su responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, por los delitos de fraude al fisco y estafa.
El fiscal Cristián Crisosto explicó que la investigación determinó que los inspectores fiscales entregaron información falsa a la Dirección de Vialidad, lo que llevó al fisco a pagar por obras que nunca se ejecutaron, en el marco de contratos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en las comunas de Curarrehue y Lumaco, que habían sido adjudicados durante los años 2015 y 2016 a la Empresa Constructora Inmobiliaria IM Limitada.
Además de la pena de tres años y un día de presidio, los inspectores fiscales fueron condenados a penas de multa proporcionales al perjuicio causado al fisco.
En el caso del empresario, aparte de la pena privativa de libertad fue condenado al pago de una multa de 10 UTM (492.290 pesos).