El Ministerio Público abrió una investigación a cargo de la PDI para investigar el caso de los tres gendarmes que fueron tomados como rehenes el domingo en el módulo mapuche de la cárcel de Angol por parte de seis comuneros, y considera que la "conducta podría configurar el delito de secuestro", según el fiscal regional Roberto Garrido.
De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho se dio a raíz de la molestia de los reos tras la suspensión de visitas por las elecciones para el Consejo Constitucional que se registraron en el país.
En ese contexto, el persecutor regional explicó que los antecedentes manejados en el inicio de la investigación "dan cuenta del encierro, la privación de libertad de funcionarios públicos, que estaban cumpliendo sus funciones".
"En un principio esa es una conducta que podría configurar el delito de secuestro, pero no descartamos eventualmente otros ilícitos asociados a los atentados contra la autoridad", sostuvo.
Garrido recalcó que la investigación "se está recién iniciando" por lo que la Fiscalía recopilará, "con urgencia, la mayor cantidad de antecedentes para poder formular cargos cuando los tengamos en nuestro poder".
En ese marco, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que "enseguida Gendarmería ha presentado una querella por el delito de secuestro, en favor de sus tres funcionarios, porque el Estado tiene el deber no sólo de proteger, sino de ejercer acciones contra cualquiera que atente contra la integridad de los funcionarios".
TRASLADO POR SEPARADO DE LOS INVOLUCRADOS
Como medida en respuesta a los hechos, Gendarmería determinó el traslado separado de los seis comuneros involucrados en la retención a la cárcel de Rancagua, de Concepción y de Puerto Montt, junto a otras de comunas del sur del país.
"Por parte de Gendarmería se tomaron las medidas, medidas que se mantienen, protocolos que se activaron. No solamente hubo heridos de Gendarmería, sino también personas que estaban en el penal. Se hicieron todas las gestiones para poder hacer la constatación de lesiones y en este momento también se están llevando a cabo traslados de algunos internos a distintos penales de otras regiones", dijo desde el Gobierno el delegado presidencial en La Araucanía, José Montalva.
En tanto, comunidades mapuche de la Provincia de Malleco denunciaron ilegalidad en el actuar de la institución penitenciaria, por lo que no descartan ejercer acciones ante organismos internacionales contra el Estado de Chile.
