El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, presentó la acusación contra de 11 imputados presuntamente responsables de la falsificación de pruebas para inculpar a comuneros mapuches por actos de violencia en la región de la Araucanía, en el denominado caso Huracán
Dos de los 11 acusados, el ex general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu y el ex mayor de la misma institución, Patricio Marín, arriesgan penas de hasta 25 años de presidio por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado y obstrucción calificada y simple reiterada.
Asimismo, se solicitaron penas que llegan hasta los 21 años de presidio para el "Profesor" Alex Smith, por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción calificada y simple reiterada, y uso malicioso de instrumento público.
La cuarta pena de mayor cuantía, solicitada por el Ministerio Público, es contra el ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses, para quien solicitan 18 años de cárcel por los delitos de Asociación Ilícita, Falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
"Resulta excesivo, nosotros sostenemos absoluta inocencia del capitán Osses. Hay una cosa que es clara y es que nosotros venimos sosteniendo que los hechos en los cuales aparecen involucrados nuestro cliente, deben configurarse como un solo delito", declaró el abogado defensor, Gonzalo Cruz.
Abogado apunta a fiscal Abbott
Rodrigo Román, abogado querellante que representa al líder de la CAM, Héctor Llaitul, sostuvo que "no he sido notificado de aquello, la información que tengo es por trascendidos de prensa fundamentalmente".
"De confirmarse aquello, nosotros insistimos en que el Ministerio Público ha direccionado la investigación solamente respecto de los policías que participaron y está poniendo un manto de impunidad respecto de otros actores de esta trama de la Operación Huracán, que son los fiscales del Ministerio Público", planteó.
Román indicó que "ahí derechamente lo que hay de parte del Ministerio Público es un encubrimiento, ya que ellos también son responsables en los mismos términos que Blu y Marín, en cuyo caso habría que preguntarle al fiscal nacional Abbott porqué se está blindando a los fiscales que participaron de este escándalo".
Según lo plateado en la acusación fiscal, para los otros siete imputados también se piden penas privativas de libertad las que fluctúan entre los 3 y 10 años de cárcel.
