La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó colusión de 11 empresas de transporte público urbano de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, operadoras de las 10 líneas de buses y taxibuses de dichas comunas de Región de La Araucanía.
En el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) -presentado el pasado 26 de septiembre y dado a conocer este jueves- se denunció que las empresas celebraron y ejecutaron un acuerdo entre los años 2003 y 2017 para limitar la cantidad máxima de buses y taxibuses de su flota.
Se esta manera, "restringieron, impidieron y/o entorpecieron la libre competencia en el mercado del transporte público urbano de pasajeros en Temuco y Padre Las Casas".
La investigación partió luego que un particular denunciara prácticas posiblemente colusivas en el transporte público urbano de pasajeros en Temuco y sus alrededores, comprobándose que las empresas suscribieron ante notario tres protocolos sucesivos para limitar la cantidad máxima de buses de sus respectivas flotas: el primero en febrero de 2003; el segundo en febrero de 2008; y el tercero en diciembre de 2012.
De esta manera, según la FNE, el acuerdo colusivo dañó a los usuarios del transporte público en las mencionadas comunas, porque limitó la frecuencia con que pasan los buses, generado mayores tiempos de espera y tendiendo a reducir la competencia en precios en el mercado.
Tras conocerse esta noticia, Marcos Carter, presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros (Fenabus), afirmó que "la Fiscalía Económica tendrá que dar los informes públicos de lo que ocurre, nosotros por ley estamos vedados de meternos en el tema comercial de las empresas".
"Nosotros hasta el momento no tenemos idea del tema, no sabemos nada, son ellos los que tienen que resolver el tema y si ellos encuentran que hay colusión es obvio que aplica el castigo que corresponde", añadió.
Millonarias multas
La FNE solicitó una multa para cada compañía, la cual fluctúa entre las 50 y 220 Unidades Tributarias Anuales (UTA), entre 29 millones y 126 millones de pesos, totalizando 1.870 UTA, equivalentes a 1.075 millones de pesos.
Además, se pidió ordenar a las empresas elaborar e implementar un Manual o Código Interno con "el objeto de adoptar medidas tendientes a desincentivar prácticas que limiten la competencia entre las líneas".
