El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo contra el gobernador y el alcalde de Temuco por el desalojo de familias en toma en el sector Pichicautín.
La acción legal se dirige contra Richard Caifal, autoridad provincial, y contra el jefe comunal Miguel Becker, quienes autorizaron un desalojo "ilegal y violento", según el INDH.
Federico Aguirre, director regional del Instituto, afirmó que la Municipalidad no es propietaria de los terrenos ocupados, lo que debió ser verificado por el gobernador, ya que hubo una vulneración a la ley.
"Ni el gobernador ni el alcalde tienen facultades para ordenar ese desalojo, en atención de que no era el alcalde el dueño del paño ocupado por los pobladores", djo Aguirre.
Por su parte, el alcalde Becker -severamente cuestionado por no autorizar la entrega de agua potable a las familias en toma en medio de la crísis por coronavirus- insistió en que "le pediría a las familias que se retiren de esos lugares, porque son tomas ilegales".
"Yo les pido que se vuelvan a sus casas, a donde estaban", dijo.
Los dirigentes de la Coordinadora de Campamentos de Temuco criticaron que el municipio les negara agua potable, recurso que desde el año 2010 la Asamblea General de la ONU reconoce como derecho humano universal, de allí que evalúan nuevas acciones judiciales en contra del alcalde.
