En el Tribunal Oral en lo Penal de Angol comenzó el juicio contra nueve acusados por los delitos de secuestro y homicidio, por un macabro crimen ocurrido el año 2021 en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.
La investigación se abrió en junio del 2021, cuando dos hombres fueron secuestrados: una de las víctimas logró escapar tras 10 días de cautiverio y vejaciones, denunciando el hecho. Sin embargo, el segundo sujeto capturado fue asesinado, cuyo cuerpo fue desmembrado y quemado posteriormente.
Luego, se logró confirmar que la víctima fatal sufrió actos de connotación sexual, y que las intensas sesiones de tortura a las que fue sometido lo llevaron a la muerte.
El origen del hecho, según la Fiscalía, tiene relación con el supuesto robo de armas y droga por parte de las víctimas -que habían realizado trabajos en el lugar previamente-, elementos que pertenecían a integrantes del clan Ancalaf
En total, eran 12 los imputados por esta causa, pero tres de ellos fueron condenados previamente tras un juicio abreviado, ya que, según el ente persecutor, se les asignó un rol menor en los hechos.
El fiscal Enrique Vásquez señaló que "el delito de secuestro es un delito especialmente grave que afecta no solo la libertad individual y la seguridad de las víctimas, sino que también amenaza la vida de las mismas".
"Lo que se hizo en el alegato de apertura fue explicar al tribunal que la víctima estuvo privada de su libertad por más de 14.400 minutos y cada minuto que pasaba su vida estaba en peligro, y además durante todo este periodo de tiempo fue sometida a diversas acciones brutales por parte de los imputados, en algunos casos asociados a delitos sexuales, incluso podría perfectamente ser calificado como actos sádicos", detalló el persecutor.
Por su parte, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, indicó que "somos querellantes en esa causa y nosotros estamos solicitando las más altas penas asignadas a esos delitos, que van desde 30 hasta 40 años. Esperemos que el juicio se desarrolle con tranquilidad y donde el Ministerio Público pueda llevar a cabo su trabajo como lo ha hecho hasta estos días, donde ha logrado también condenas históricas".
Los acusados, que en su mayoría pertenecen a la comunidad Choin Lafkenche, arriesgan penas de presidio perpetuo y algunos de ellos otros 20 años por diferentes delitos que se les imputan.
