La Fiscalía Regional de La Araucanía abrió una investigación a raíz del video conocido en la víspera, donde observa a presuntos guardias armados disparando frente a miembros de una comunidad mapuche de Lonquimay.
La vocera de la Fiscalía, Daniela San Martín, señaló que hay dos indagatorias en curso: una, referente a los señalados disparos y el uso de armas; y la segunda relativa a los daños a vehículos de la Sociedad La Fusta en los que se movilizaban los guardias, presuntamente realizados por los comuneros.
"Se están desarrollando dos investigaciones distintas: la primera, por denuncias presentadas por miembros de la comunidad en contra de personal del fundo, entre ellas amenazas, porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados; y la segunda denuncia es de la empresa contra de las personas que llegaron al lugar por daños, amenazas y lesiones a personal del fundo", dijo San Martín.
Juan Carlos Camargo, werkén del lof Adkintue, asegura que es común ver sujetos armados y en ropa de combate, lo que no se condice con un proyecto que pretende, supuestamente, cuidar la naturaleza.
"En ningún minuto los hemos atacado, ellos manejan armas de alto calibre, amenazaron de muerte a dos menores de edad, fueron amenazadas apuntando con armas dos mujeres; son ellos los que llevan a cabo montajes y dicen que nosotros somos los terroristas", alegó el dirigente.
Empresa acusa "ocupación ilegal de siete meses"
Una vez conocidos los hechos, los representantes legales de Agrícola y Santuario La Fusta publicaron una declaración que señala: "Desde el año pasado una organización ajena al sector, ubicada a 30 kilómetros de distancia y bajo el falso argumento de una reivindicación territorial, ha detenido el desarrollo del proyecto mediante el ejercicio de la violencia, ocupación ilegal por siete meses de un sector del predio".
"Las personas que viven al interior de este predio están tratando de cautelar los intereses de esta propiedad, manteniendo el medioambiente, cursos de agua, el bosque nativo y en completa armonía con las comunidades que efectivamente ahí viven", señaló el abogado Carlos Tenorio, quien afirmó que "las comunidades que están reclamando no pertenecen al sector".
Por otro lado, "si ellos quieren sostener que había porte ilegal de armas, eso se va a aclarar completamente: no hay nada, está todo en regla", enfatizó.
Juan Pablo Lepin, director ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía, planteó que "manifestamos todo nuestro apoyo y felicitamos la iniciativa de estos trabajadores agrícolas de recurrir ante organismos internacionales. Creo que cuando el Estado no es capaz de prevenir y brindar seguridad a los ciudadanos, estamos frente a un Estado fallido y cuando hay un Estado fallido de forma tan evidente como ocurre en La Araucanía, incluso con pérdida de vidas inocentes, como fue hace un par de semanas atrás el caso de don Pedro Cabrera y muchos otros que han habido antes, no queda más alternativa que recurrir a organismos internacionales porque la justicia chilena falla".
