La ex subsecretaria de Prevención del Delito de Sebastián Piñera, Katherine Martorell (Renovación Nacional), afirmó este viernes que la "vergüenza" que dejó fuera al Gobierno de Gabriel Boric en la querella del caso Huracán se debió a la ausencia del control del Ministerio del Interior sobre su área jurídica.
"El rol jerárquico exige que la autoridad del servicio esté pendiente de lo que está ocurriendo. Esto es reiterativo, por lo tanto, requiere de la máxima preocupación por parte de las autoridades. En ese sentido, los jefes de servicio son responsables porque así lo establece la ley", dijo la abogada en Viña del Mar, a su llegada a la última jornada de la Asamblea General de la Asociacion Chilena de Municipalidades (ACHM), como asesora de la alcaldesa UDI Evelyn Matthei (Providencia).
A juicio de Martorell, la responsabilidad recae en la ministra del Interior, Izkia Siches: "El liderazgo requiere que las personas se hagan responsables por sus actos y no solamente -como ocurrió en el caso del avión de personas que supuestamente había ido a Venezuela y donde habían desaparecido supuestamente las personas que iban en el avión- cortar la cadena por la parte más delgada", dijo la ex autoridad, rememorando la polémica que generó la jefa de gabinete al denunciar irregularidades en la expulsión de migrantes durante el Gobierno anterior y que luego rectificó.
La Corte de Apelaciones de Temuco desestimó ayer el recurso del Ejecutivo que buscaba revertir un fallo que dejó como no presentada su querella en el caso Huracán, debido a que el ex abogado de Interior Luis Martínez no corrigió a tiempo un vicio formal detectado en su acusación.
Tras ocho años como funcionario, Martínez fue despedido hace casi un mes de la División Jurídica de Interior por no querellarse por el homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides tras quedarse "dormido" -como se dijo entonces-, lo que el subsecretario Manuel Monsalve calificó como un "error inexcusable". Él, posteriormente, acreditó que se debió a un problema médico. De todos modos, el Ejecutivo luego logró reponer su acción penal, por lo que aún es querellante.
SICHES ASEGURA QUE INTERIOR ES QUERELLANTE
En su paso por Viña del Mar este viernes, la ministra del Interior fue consultada en varias oportunidades por si hace una autocrítica respecto a la controversia por el caso Huracán, pero se limitó a responder enfatizando que "hemos estado insistiendo y persistiendo, a pesar de que tanto la defensa como los distintos procesos de forma reiterada han intentado excluirnos como parte activa de esta investigación".
"Vamos a agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance para seguir siendo parte querellante como Ministerio del Interior, como también observaremos como Gobierno que este juicio pueda llevarse en los tiempos prudentes que se requiere en una investigación de tal relevancia", comprometió.
Asimismo, Siches anunció que se reforzó la División Jurídica de Interior agregando a sus filas a la abogada penalista Luppy Aguirre, quien, según la jefa de gabinete, cuenta con una amplia trayectoria dentro de esa repartición: asumirá la jefatura de esa unidad, en reemplazo de la letrada Camila Barros, hasta ahora responsable de la misma.
En contraste, este jueves el Presidente Boric tildó la situación que excluyó al Gobierno del caso Huracán como un "error inaceptable".
"El caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles policiales por malversación de documentos públicos y de imputaciones a comuneros mapuche de pruebas falsas. Eso es gravísimo, y por lo tanto la instrucción desde Presidencia es que el Estado debe agotar todos sus recursos para perseguir estos delitos", sostuvo el Mandatario ayer por la mañana.
ABOGADO SEÑALADO PLANTEA SUS DESCARGOS
En un extenso diálogo con Cooperativa Regiones, el abogado Martínez planteó que no se trató de un error, sino de una estrategia acordada con sus superiores frente a una actuación del tribunal, por lo que se decidió deliberadamente no corregir el vicio formal: éste correspondía a que el 12 de mayo la magistrada Marcia Castillo, del Juzgado de Garantía de Temuco, había cuestionado que la querella de Interior incluyera una acusación por el delito de obstrucción a la investigación.
Martínez aseguró que "se informa (a sus superiores jerárquicos), jurídicamente se coincide conmigo que era la decisión que había que tomar; pero que dado el cariz mediático que tomó, podría causar algún tipo de complicación extrajurídica que fue el tratamiento que le dieron los medios".
"Se toma conocimiento y se trabaja con la División Jurídica en Santiago, primero se deduce un recurso de queja contra la magistrada, y después los recursos de apelaciones. Aquí no hubo ningún error", enfatizó.
Defendió su actuación profesionales planteando que, hipotéticamente, "si se hubiera corregido la acusación en los términos señalados por la jueza, ¿cuál habría sido la noticia?: 'El Ministerio del Interior le quita peso a su acusación' ".
El jurista se desempeñó durante ocho años en la División Jurídica. Según contó a Cooperativa Regiones, trabajaba en la Unidad Penal, y si bien él tenía asiento físico en Temuco, su línea jerárquica superior estaba en Santiago. "Puedo decir que durante los ocho años que presté servicios para la División Jurídica, dependí de la autoridad de turno, (siguiendo lineamientos de) ser más duros o menos duros, o más flexibles o menos flexibles. Como actores técnicos, debíamos acatar esos lineamientos generales", relató.
