La organización multigremial de La Araucanía, que agrupa a los empresarios de la región, envió este miércoles una carta al Vaticano para informar al papa Francisco de los atentados contra iglesias cristianas ocurridos en los últimos meses.
"Hemos querido escribir esta misiva representando a miles de compatriotas, que nos hemos horrorizado en estos últimos meses ante la quema inescrupulosa de templos, iglesias y capillas", señala la misiva dirigida al papa.
Desde 2014 han sido incendiados 14 templos en la Araucanía, 12 de ellos católicos y 2 evangélicos.
"Cientos de pequeños parceleros, ciudadanos y agricultores (...) han sufrido atentados incendiarios, usurpaciones de sus propiedades, disparos, amenazas, e incluso la muerte", agregó el texto.
"Esperamos que esta información le sirva para conocer el dolor de un país y de chilenos que sufrimos porque nuestra fe está siendo atacada por el terrorismo, que no respeta valores ni religión, amenazando la libertad de culto", concluye la misiva.
Una copia de la carta fue entregada a Mariano Fernández, embajador de Chile en la Santa Sede.
Christian Arntz, director de la multigremial y presidente de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, dijo en declaraciones a medios locales que la idea del texto comenzó tras el ataque incendiario a un recinto religioso en enero de este año.
Según Arntz, el papa Francisco "conoce bien los movimientos terroristas de nuestro continente (...) le aportamos antecedentes sobre aquellos que están golpeando a templos y capillas, con motivos terroristas en nuestro país".
Por su parte, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), alertó hoy sobre el "preocupante deterioro de la convivencia intercultural en La Araucanía y zonas aledañas".
"Manifestamos nuestra preocupación también por la incapacidad que ha tenido el Estado, los diversos actores sociales y las empresas forestales para abordar una situación que se arrastra desde hace muchas décadas y que ha implicado una grave y permanente vulneración de los derechos humanos de quienes habitan este territorio", afirmó el INDH en un comunicado.
"Es imperativo que como país nos hagamos cargo de la deuda histórica que mantenemos con el pueblo mapuche y que el Estado asuma su responsabilidad de respetar y garantizar sus derechos individuales y colectivos", aseveró el organismo.
