Los homicidios bajaron un 56 por ciento, mientras que se registraron un 30 por ciento menos de atentados en la zona.
Para Iván Reyes Alcaman, de Ayun Mapu, el proceso ha sido "un tremendo fracaso".
Al cumplirse un año del estado de excepción en la Macrozona Sur, el Ejecutivo destacó las cifras de disminución de delitos en la zona, pese a las críticas provenientes desde comunidades mapuche.
De acuerdo al último balance oficial, durante este período se registró una disminución del 56 por ciento en homicidios, del 30 por ciento en atentados y de 21 por ciento en ataques incendiarios.
En la zona se han realizado 5.000 controles y 8.500 fiscalizaciones, en las que se ha logrado bajar en un 36 por ciento la presencia de armas de fuego.
"Si bien los datos no cambian que tengamos una situación crítica, hay algunos datos que son importantes, nosotros hemos sostenido que hay un 30% menos de hechos de violencia rural en la Macrozona Sur, hay un efecto de las medidas que el Gobierno ha tomado", puntualizó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Monsalve reiteró que "sin quitar lo grave de la situación que vivimos, pero hasta el año 2021 no hubo ningún año en que no aumentaran los hechos de violencia rural en la Macrozona Sur. El 2021 por sí fue el año en que más hechos de violencia han ocurrido en la Macrozona Sur; el año 2022 logramos bajarlo y durante el año 2023 seguimos con una tendencia a la baja".
En tanto, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, indicó que "hemos ido avanzando en las tareas que son las que nos hemos propuesto como Gobierno, esto es en el combate al crimen organizado con procedimientos extremadamente exitosos desde desbaratamiento de bandas de robo de madera, de robo de vehículos en la zona del conflicto, pero además con el descenso de los hechos violentos".
Iván Reyes Alcamán, de Ayun Mapu, planteó que "al año de cumplimiento del estado de emergencia donde se usan los militares para controlar el orden público en La Araucanía, nosotros pensamos que ha sido un profundo fracaso".
Por su parte, Aucan Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, comentó que "hacemos un llamado al Gobierno del presidente Gabriel Boric a que abra un proceso de diálogo para una ruta política y construir una paz firme y duradera, porque el conflicto cada vez está más vigente en esta zona".
Mientras que el lonko Alberto Curamil dijo que esta medida "es una falsa propaganda que ha hecho el Gobierno obedeciendo al empresariado de poner seguridad para la ciudadanía o para la población común, todo esto se hace a través de una campaña del terror encabezado por distintos gobiernos contra el pueblo mapuche".
Sebastián Naveillán presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco, señaló que lo que se necesita "es inteligencia, no puede ser que un grupo de terroristas, de guerrilleros, logre desestabilizar la región, eso no lo podemos permitir, pero cualquier estado de excepción es necesario y que requiere la región tiene que aplicarse. Aquí el Estado está facultado para imponer la ley".
Asimismo el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, puntualizó que "se requiere que las Fuerzas Armadas no solamente acompañen a Carabineros en las fiscalizaciones, sino que también tengan acción efectiva; se requiere que se controle la identidad, que se puedan revisar los vehículos y que también las Fuerzas Armadas puedan detener a las personas.
"Se dice que todos saben dónde están y quiénes son, bueno, lo que nosotros esperamos es que se detenga a esas personas que están produciendo este dolor tan grande", añadió.
